El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha un proyecto singular para intentar poner orden en el catastro de los ayuntamientos rurales que además sufren los efectos de una despoblación acusada. Pretende hacer una regularización masiva y gratuita, mediante un procedimiento excepcional, para que los dueños puedan registrar correctamente sus parcelas e inmuebles, dado que una gran parte no tiene los títulos de propiedad en regla o la inscripción catastral es incompleta, errónea o, directamente, inexistente.
De momento, la iniciativa se está desarrollando en 23 ayuntamientos de toda España a modo de experiencia piloto. El elegido en Galicia es Muras (Lugo), concello rural con una muy baja densidad de población. Este proyecto, denominado “A Finca”, está incluido en el “Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico”, y aunque lo ejecuta la Dirección General del Catastro, son varios los ministerios que colaboran en su implantación. “Se trata de ayudar a los territorios de la España rural, que sufren el devastador efecto de la despoblación demográfica, pérdida de bienes y servicios, donde las propiedades se olvidan y abandonan. Por la falta de rentabilidad económica no son explotadas adecuadamente para extraer todas sus capacidades productivas”, sostiene el Ministerio de Hacienda en la exposición de motivos.
Será el Gobierno central el que asuma todos los gastos de la regularización. “El procedimiento es gratuito para los ciudadanos”, asegura el alcalde de Muras, Manuel Requeixo. “El agricultor o el emprendedor en el medio rural de la España vaciada, simplemente, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y sacar adelante una familia, unos cultivos o un negocio, que cuando se enfrenta a la regularización de la situación jurídica de un inmueble, tiene que afrontar una serie de gastos, como la identificación del inmueble, medición, desplazamientos, gastos de notaría, inscripción en el Registro de la Propiedad, impuestos. Teniendo en cuenta que cada titular consta en el catastro con una media de cinco parcelas, los costes previstos hacen inasumible dicha regularización”, indica el Ministerio de Hacienda.
El Catastro enviará a técnicos al ayuntamiento que se encargarán de rastrear las propiedades y detectar las incidencias sobre los inmuebles para corregirlas, como alteraciones producidas por otras administraciones (depuración de direcciones, altas de concentraciones parcelarias, delimitaciones de caminos…), actualizaciones pendientes de titulares privados (altas de construcciones, cambios de cultivo, correcciones de delimitaciones, modificaciones de titularidad...) o cualesquiera otras que tengan que ver con la correcta descripción catastral de los inmuebles.
Hacienda tiene identificados en España 2.950 municipios “muy escasamente poblados” y otros 818 “escasamente poblados”, por lo que en teoría son 3.768 los ayuntamientos “objeto del proyecto A Finca”, según figura en la documentación sobre su desarrollo. De todos ellos, 38 municipios pertenecen a Galicia –incluyendo Muras–, si bien el Catastro no ha facilitado su nombre porque el Gobierno está pendiente de definir el calendario de actuaciones. “Hasta la fecha tan solo se han iniciado trabajos previos en una serie de municipios, a modo de experiencia piloto, para extraer conclusiones de cara al momento de la implantación. Cuando se decida su despliegue, se dará cumplida información”, precisó el Ministerio de Hacienda.
La comunidad más castigada por la despoblación sería Castilla y León, con 1.690 ayuntamientos afectados –si bien su tamaño nada tiene que ver con los gallegos, pues muchos de ellos apenas están formados por menos de media docena de poblaciones–. Le seguiría Castilla-La Mancha con 608 y Aragón con 558.
Los técnicos se desplazarán a los ayuntamientos, harán charlas con los ciudadanos y atenderán sus demandas directamente para corregir los fallos o proceder a las actualizaciones con el objetivo final de registrar las fincas o los inmuebles correctamente y otorgar el título de propiedad.
¿Están tan descuidadas las inscripciones catastrales en Galicia? El vocal de la junta directiva del Colegio Notarial de Galicia, Jaime Romero Costas, considera que las imprecisiones y la desatención a las propiedades en el rural resultan “inevitables por la situación socio-económica”. Tanto por el éxodo hacia zonas urbanas como por el minifundismo y la excesiva fragmentación de la tierra.
“Cuando fallecen los abuelos o los padres, los más jóvenes se desplazan a las áreas urbanas y pierden el interés por las fincas o los inmuebles”, asegura, a lo que se suma que en ocasiones ni siquiera saben localizarlas. Esta dinámica tiene como consecuencia en que a veces ni se completa el trámite de la herencia o se hace mal y de forma incompleta o sin la documentación suficiente, por lo que la inscripción en el Catastro o en el registro de la propiedad contiene muchos fallos y es imprecisa.
“Como las fincas rústicas no generan mucho gasto, pues se dejan estar”, indica, en relación a que el recibido de la contribución es muy reducido y los dueños, aunque la paguen, tampoco se preocupan de registrarla adecuadamente. A ello se suma que como tampoco tienen demasiado valor ni generan ingresos, el interés por inscribirlas correctamente es mínimo.
“Es una situación bastante común en los ayuntamientos más despoblados. Antiguamente aún existían los peritos que iban por los pueblos para regularizar las propiedades y ponerlas en orden, pero esa profesión ya no existe. Ahora es el dueño el que tiene que tener la voluntad de hacerlo”, asegura el notario, que durante años ejerció, precisamente, en un municipio rural afectado por la despoblación.
