Comuneros de montes gallegos reúnen ya más de 6.000 firmas –de las 10.000 necesarias antes del 31 de agosto– para que prospere una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la propuesta de ley de montes, presentada por la Consellería de Medio Rural, que tildan de “intento de robo” de terrenos. Por contra, pretenden lograr una ley “consensuada por todas las comunidades”, según el presidente de la Organización galega de comunidades de montes, Xosé Alfredo Pereira, que ayer acudió al debate parlamentario sobre el futuro texto.

Entre las propuestas más polémicas de la nueva ley estaría el cambio del concepto de comuneros. “Si entra en vigor, los comuneros ya no serían solo vecinos de la parroquia, sino que podrían entrar a decidir en las asambleas las personas físicas o jurídicas que tengan relación con el monte vecinal”, añade Pereira al entender que ello implica “abrirle las puertas a empresas privadas como las eléctricas interesadas en instalar parques eólicos o a las compañías madereras”.

Precisamente ayer en Santiago el conselleiro de Medio Rural, José González, reivindicó “el proceso participativo” abierto por la Xunta para actualizar esta ley, frente a las críticas del BNG. Aseguró que el texto busca “proteger e impulsar” una figura como la de los montes vecinales, de gran importancia en Galicia, por la capacidad que poseen además para aportar rentas y beneficios en el rural. Sin embargo, la diputada del BNG María González Albert ha cargado contra la propuesta –aunque es necesario reformar una norma que tiene más de 30 años–, porque valora también que la Xunta opta por cambios que abren la puerta a la privatización.

“El carácter germánico de la titularidad vecinal implica que la propiedad en mano común es indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable y esta condición de los montes vecinales –exclusiva de Galicia y el norte de Portugal– es el gran obstáculo para privatizarlas”, defienden no obstante los comuneros.