Un total de once comunidades autónomas han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto destinado a la atención a personas en situación de dependencia, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En concreto, de los datos se desprende que las comunidades que han recortado este gasto son Galicia, Canarias, Castilla y León, La Rioja, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.

“Once gobiernos autonómicos hicieron caja en 2021 con el incremento de los presupuestos generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”, denuncia la asociación.

Los mayores recortes se produjeron en Cataluña (-55,1 millones) y Canarias (-43,6 millones), comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas, respectivamente.

Según recuerda la asociación, la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2021 fue de 9.559 millones de euros. De ellos, las comunidades autónomas financiaron el 79,2%, con 7.566 millones de euros (un 0,57% más de gasto que en 2020), mientras que la aportación estatal se situó en el 20,8%, con 1.992 millones de euros, habiendo incrementado un 44% respecto al año anterior, que fue de 1.384 millones.

Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.310 euros), Extremadura (1.774 euros) y Navarra (1.500 euros), mientras a la cola se encuentran Canarias (543 euros) y Galicia (596 euros).

El gasto medio por persona beneficiaria en el sistema se situó en 2021 en 8.195 euros para el conjunto de España. No obstante, se observan grandes diferencias entre territorios, porque mientras en el País Vasco asciende a 12.931 euros y en Extremadura a 11. 813, en Castilla y León, Andalucía y Galicia se queda por debajo de los 6.800 euros.

La Consellería de Política Social respondió al informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, alegando que “un mayor gasto” por cada usuario “no significa tener servicios más eficientes, tal y como reconoce la propia asociación”, que elaboró el estudio, al tiempo que defiende que la Xunta “incrementa cada año la inversión” en esta materia.

De hecho, en este 2022, el Gobierno gallego destinará a la dependencia 430 millones, 50 millones más que en 2021, de los cuales el 67% procede de las arcas autonómicas y alrededor del 33% restante, del Estado. En este sentido, la Xunta lamenta que el Gobierno central “siga sin cumplir su obligación” de financiar el 50%, tal y como lo establece la ley de dependencia.

Este hecho, añade la Consellería, supone que Galicia “deja de ingresar 150 millones anuales” para atender a dependientes. Disponer de esta cuantía, prosigue, “significaría reforzar los servicios y llegar a más personas”.