El Gobierno aprobó el pasado año una ley para reducir la temporalidad en el empleo público. Las comunidades autónomas deben tener aprobados antes del próximo día 1 de junio las oposiciones para convertir en fijos a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal. La Xunta trasladó ya a los sindicatos las plazas que estarán afectadas por este proceso: serán en total 6.158 incluyendo la administración general (sin sanidad, educación ni justicia que siguen otro proceso), el Consorcio de Igualdade y Benestar y otros entes instrumentales.

El objetivo es reducir la temporalidad en la Xunta al 8 por ciento. Para ello, la ley estatal establece dos modalidades a las que se será obligatorio presentarse, ya que de lo contrario se perderá el empleo. Un concurso de méritos en el que solo se valorarán los méritos y un concurso-oposición que conlleva el tener que enfrentarse a unas pruebas, cuyas convocatorias deberán publicarse antes de finalizar el año.

El sistema de méritos se empleará para todas las plazas que estuviesen ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016. No tendrán que someterse a ningún examen. La mayoría de plazas se estabilizarán por este sistema de méritos: un total de 5.403.

El modelo de concurso-oposición será de aplicación a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente por lo menos los tres años anteriores al 31 de diciembre del año 2020. Solo serán 755, según el cuadro que trasladó la Xunta a los sindicatos en la mesa sectorial de la semana pasada.

De la administración general se convocarán en general 4.308 plazas, de las cuales 3.827 serán por concurso de méritos y 481 por concurso-oposición.

A estas se suman otras 1.360 plazas del Consorcio de Igualdade e Benestar. A 1.198 les valdrá con presentar una solicitud con sus méritos mientras que 162 tendrán que ir a un examen.

Y, por último, de los entes instrumentales saldrán un total de 490 plazas, de las cuales 378 serán por méritos y el resto irán a concurso-oposición.

Los que no consigan plaza deberán ser indemnizados. En un principio, la Xunta estableció que aquellos empleados que reclamaran la indemnización cuando cesaran saldrían de las listas de contratación de la Administración y no volverían a ser contratados. Sin embargo, finalmente rectificó y eliminó esta condición.