La Xunta prosigue con las negociaciones con los sindicatos para preparar el proceso de estabilización de funcionarios interinos y personal laboral temporal en la administración general y los entes autonómicos, un procedimiento que convertirá en fijos a unos 5.000 trabajadores públicos. Ayer se sometieron a discusión el borrador con los criterios comunes que se aplicarán a la estabilización y los decretos que regularán la oferta de plazas y por el momento, la Consellería de Facenda, con competencias en función pública, ha optado por excluir el conocimiento del idioma gallego como requiso para optar al puesto.
Los sindicatos, y singularmente la CIG, ha reclamado que el gallego sea unos de los requisitos y se establezca como tal de forma explícita. De momento, los documentos no lo recogen, si bien el director xeral de Función Pública les comunicó que su intención era incorporarlo.
“Insistimos en que este requisito venga aquí reflejado”, demandó la CIG en la reunión de ayer con la Xunta, sobre todo porque el documento con los criterios comunes establece que se podrán exigir pruebas psicotécnicas o físicas para determinados puestos, pero en ningún momento se cita al gallego.
Calendario
Las comunidades autónomas deben tener aprobados antes del próximo día 1 de junio las oposiciones para convertir en fijos a los funcionarios interinos y al personal laboral temporal. Pero antes se debe conocer a cuántas personas afectará este proceso de estabilización, cuya cifra aún no está cerrada.
En un primer momento, la Consellería de Facenda comunicó que serán 4.946 plazas que hasta ahora están cubiertas con contratos temporales y que atañen a la administración general de la Xunta y a las empresas, entes y sociedades públicas del sector autonómico, que en su conjunto cuenta con una plantilla que ronda los 24.000 empleados. Por tanto, la temporalidad asciende al 21%.
Es decir, en esta situación figuran uno de cada cinco trabajadores. Las áreas de sanidad y educación van al margen, porque en ambas la estabilización del personal se hará mediante sus propios procesos.
La ley estatal que obliga a todas a las administraciones a estabilizar a sus plantillas determina dos modalidades a las que se será obligatorio presentarse, ya que de lo contrario se perderá el empleo. Un concurso de méritos en el que solo se valorarán los méritos y un concurso-oposición que conlleva el tener que enfrentarse a unas pruebas, cuyas convocatorias deberán publicarse antes de finalizar el año.
