La Xunta ha sumado al BNG y al PSOE como aliados en el frente abierto con el Gobierno central por el nuevo reglamento de costas y el doble rasero que aplica para autorizar cambios de usos en edificios tradicionales existentes en el dominio público marítimo terrestre y en la zona de servidumbre, ambos espacios sujetos a severas restricciones urbanísticas de competencia estatal. En una iniciativa propuesta por el PP para solicitar que Moncloa unifique y aclare los criterios utilizados, el Parlamento la apoyó por unanimidad, contando con los votos a favor del Bloque y, con un especial valor, también de los socialistas.
La nueva redacción que el Ministerio de Transición Ecológica dará al reglamento general de costas, que revisa el actualmente vigente que es de 2014, vetará el cambio de usos en las construcciones que se encuentren en la zona de servidumbre de protección –una franja de cien metros de ancho en el rural a partir de la línea de playa y de 20 metros en suelo urbano–.
Esta prohibición cuenta con el rechazo total de la Xunta, en cuyas alegaciones reprocha el doble rasero y la disparidad de criterios del Gobierno central, pues mientras un ministerio bloquea los cambios de uso en los edificios de propiedad privada, el de Transportes sí está permitiendo, por su parte, que los faros que han perdido su funcionalidad se puedan convertir en hoteles para darles una segunda oportunidad. De hecho, ya hay tres hoteles de estas características funcionando en Galicia –Illa Pancha (Ribadeo), Fisterra y Lariño (Carnota)– y otros dos abrirán en breve –Cabo Silleiro (Baiona) y el de Corrubedo–.
Lo que reclama el Parlamento es que el Gobierno central “clarifique su criterio a la hora de autorizar los cambios de uso de las construcciones tradicionales del litoral que no desvirtúen la protección del dominio público marítimo terrestre.
El PP, y la Xunta, sostienen que las restricciones que impone el Ministerio para la Transición Ecológica impiden que se pueden recuperar edificaciones tradicionales mediante su reconversión en hoteles, restaurantes u otro tipo de instalaciones destinadas al ocio. El Ejecutivo autonómico incluso elaboró una lista con 361 elementos de valor histórico, cultural o etnográfico con el fin de hacer posible su rehabilitación y recuperación y darles una segunda vida. Pero el Gobierno no lo permite.
“Es incomprensible la diferenciación que contiene la normativa estatal, que permite usos hoteleros en infraestructuras localizadas en espacios portuarios, sin que esta posibilidad excepcional se haga extensible a otro tipo de edificaciones existentes en la costa”, expuso la diputada del PP Marisol Díaz, censurando la “intransigencia” con que opera el Ministerio para la Transición Ecológica.
El PSOE está de acuerdo en que el Gobierno debe aclarar los criterios, pero la diputada Patricia Otero censuró que hasta ahora, cuando el PSOE ha vuelto a Moncloa, la Xunta no hubiera levantado la voz contra el reglamento de costas, y sobre todo cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy reformó el que está actualmente en vigor. “Nada hicieron y tuvieron bastante tiempo”, lamentó la parlamentaria.
El BNG comparte el objetivo final con el PP y la Xunta, pero teme que su intención oculta sea la de lograr “barra libre” para el uso de la edificaciones tradicionales de la costa. “La presión por urbanizar el litoral es lo que motiva al PP y no el interés por proteger el patrimonio”, indicó Alexandra Fernández.
En la práctica, Costas ya estaba bloqueando los cambios de uso residencial a hotelero, pero ahora el Gobierno reforzará esa prohibición mediante el real decreto por el que aprobará el nuevo reglamento del litoral, “lo que choca con las actuaciones permitidas y ejecutadas en espacios de Puertos del Estado”, lamenta la Xunta en la alegaciones presentadas a la norma.
