En Galicia se contabilizan un total de 1.831 centros educativos no universitarios, desde las etapas de Infantil a Bachillerato y FP. En teoría, todos ellos deberían contar el próximo curso, de acuerdo a un mandato recogido en la Ley de protección de la infancia, con un interlocutor específico para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno. La Consellería de Educación está en ello, según le trasladó a los sindicatos educativos en mesa sectorial. A la Xunta le toca decidir sus requisitos y funciones y si sus encomiendas las debe desempeñar personal ya integrante del centro o si hace falta recurrir a otros profesionales.
Si los plazos del cumplen, el 8 de septiembre, cuando los alumnos vuelvan al “cole” según los plazos, aún provisionales, barajados por la Consellería de Educación en el calendario escolar, debería haber una persona de referencia que se encargará también de la promoción de la resolución pacífica de conflictos. Y no es que las aulas gallegas sean muy conflictivas. Al menos, así lo sostiene la Xunta. El diagnóstico de convivencia que realiza cada varios años la Consellería de Educación, el último de 2021, “confirma el buen clima” que reina en las aulas, sostiene el Ejecutivo autonómico, que alega que “solo un 16% del alumnado percibe conductas negativas en el centro, mientras que en la última encuesta (2019) era el 22%”. No obstante, el informe también refleja cómo casi un 21% de los escolares declaran ser víctimas de alguna conducta contraria a la convivencia y la situación es más frecuente en la enseñanza obligatoria, donde lo sostiene un 22,6% de estudiantes frente al 13% de quienes estudian en etapas posteriores.
Expertos hallan en un estudio relación entre 'bullying' y pérdida de rendimiento
Con todo, Galicia es de las comunidades que salen mejor paradas en estudios como PISA. Precisamente esta semana, que comenzaba con el Día del Acoso Escolar, la Fundación Alternativas difundía un informe sobre “El impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España”, a partir de datos de PISA, de los investigadores Gisela Rusteholz y Mauro Mediavilla. El trabajo concluye, según un comunicado, que el acoso produce un “impacto negativo” en “todas las habilidades evaluadas” y que dicho efecto “equivaldría a la pérdida de 3-5 meses” de educación formal para los estudiantes victimizados” en comparación con los compañeros que no lo son. El análisis recoge datos de PISA de 2018, que sitúan a Galicia de antepenúltima en acoso, con una prevalencia inferior al 16%, mientras en España superaría el 18%, aunque estudios como el realizado por Unicef y dirigido por el profesor Antonio Rial Boubeta estiman en un 33,6% la tasa de victimización de acoso escolar.
Pero la figura del coordinador de bienestar, como apunta su propia denominación, también se ocupará de promover medidas que aseguren el “máximo bienestar” para los niños y adolescentes. Porque los efectos de la coyuntura sanitaria se han hecho notar. El jueves la ministra de Educación, Pilar Alegría, intervenía en un acto sobre el acoso en el que recordaba que el porcentaje de niños y adolescentes con trastornos mentales o de conducta ha crecido. Según la ONG Save the Children, cita el Ministerio, como efecto de la pandemia de COVID, el 11% de los jóvenes de 15 a 24 años reportan síndromes depresivos. Galicia ha actualizado su protocolo de suicidio en el ámbito educativo y prepara una guía para el manejo de autolesiones en la infancia y la adolescencia, dado que su prevalencia, según la Xunta, está aumentando.
