Nombre, primer apellido, segundo apellido, sexo, número de documento de identidad, número de soporte del documento, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, dirección completa, localidad, país, teléfono fijo, móvil, correo electrónico, número de viajeros, relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad), fecha y hora de entrada, fecha y hora de salida. Son los 31 datos que a partir del 1 de enero de 2023 estarán obligados a pedir los establecimientos hoteleros a los viajeros frente a los 9 actuales.

Al rechazo de plano del sector al real decreto de registro, cuya entrada en vigor estaba prevista para el pasado 27 de abril pero que por motivos técnicos desde el Gobierno central se acordó aplazar hasta el próximo año, se suma ahora la Xunta. En un escrito remitido por Turismo de Galicia a la Secretaría de Estado de Turismo no solo rechaza la propuesta, sino también la manera en la que se llevó a cabo su aprobación “sin transparencia ni diálogo con el sector turístico” por lo que reclama su paralización.

El departamento autonómico dirigido por Nava Castro advierte de que la nueva normativa supondría en la práctica pasar de recopilar nueve a 31 datos, lo que, cuestiona, se traduce en sobrecarga de trabajo para los profesionales del sector, tiempo extra para hacer el check in para los viajeros y necesidad de implantar procedimientos de seguridad para la recogida y custodia de los datos que, considera, “no son de carácter turístico”.

Esta recogida de información, según expone la Xunta, afecta a todas las tipologías de alojamientos y supondría cargas administrativas “innecesarias y accesorias”, que el sector considera “inadmisibles”, ya que se les exige también el almacén y custodia de datos sensibles, “cuya recogida entra en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos”, y que los establecimientos turísticos tendrían que almacenar durante tres años.

En vísperas de la prevista entrada en vigor del decreto, el Clúster Turismo de Galicia ya había reclamado al Gobierno central una revisión en profundidad, además de más información e incluso una campaña divulgativa que facilite la implantación progresiva de estas nuevas dinámicas que requieren una importante sobrecarga de la labor administrativa. Los hoteleros gallegos temen que estas medidas generen rechazo y problemas con los clientes y perjuicio económico para las empresas.

El nuevo decreto establece multas de hasta 30.000 euros a los establecimientos hoteleros. La Xunta cuestiona el régimen sancionador por hacer caer en los profesionales del sector la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar, lo que califica de “absolutamente desproporcionado”. “Los alojamientos deben ofrecer un servicio de calidad, rápido y eficaz que, en muchas ocasiones no se podrá garantizar si deben de recoger los 31 datos que se les exige, datos que nada tienen que ver con la actividad turística”, censura Nava Castro.