La empresa Greenalia presentó varias recusaciones contra el magistrado Luís Villares para impedir que dictaminase en pleitos contra esta compañía debido a su pasado en política como líder de En Marea y sus manifestaciones en contra de la gestión eólica del Gobierno gallego. Pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) resolvió aplicar la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional que rechaza que la ideología de un magistrado sea motivo de recusación. De hecho, el propio abogado de la Xunta se opuso a esta recusación de Villares en el trámite de alegaciones.

Greenalia solicitó la recusación de Villares en un pleito de la Asociación Petón do Lobo contra el acuerdo del Consello de la Xunta que autorizó el parque eólico que promueve en Monte Campelo (Coristanco y Santa Comba) y también en el pleito que le puso esta entidad en relación al parque eólico Monte Tourado (Vimianzo) al considerar que como antiguo líder de En Marea tiene un “interés personal y directo” en este asunto, realizó una “intensa y constante actividad de oposición a la política energética y medioambiental” de la Xunta y su partido político de entonces censuró los parques eólicos.

El Tribunal, en un auto, rechaza la petición de Greenalia porque considera que las manifestaciones del magistrado Villares en su etapa política hacían referencia a una “crítica general, política y jurídica de la legislación eólica” y eso no supone “un propósito de no aplicarla o incumplirla”. El TSXG recalca además que objetivamente no consta una “toma de partido sobre la aprobación del parque eólico” ni un “juicio anticipado” sobre este pleito en concreto y recuerda que la recusación exige que exista un “interés singularizado” contra este parque eólico en concreto, lo que “no concurre en este caso”.

Tras insistir en que las manifestaciones del exlíder de En Marea eran una “crítica general de la legislación eólica” que no “comprometen la imparcialidad” en estos pleitos concretos, recuerda también que la expresión de discrepancia con una norma jurídica “no implica pérdida de imparcialidad” sino el “ejercicio de un derecho fundamental”. Los magistrados señalan que para que se recusado un magistrado que estuvo en un cargo público o representativo tenía que haber participado en este asunto del pleito o tener conocimiento sobre el mismo.