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La Xunta lleva al Constitucional la ley del Estado que penaliza las herencias en vida

La reforma de Hacienda, que entró en vigor en 2021, obliga a tributar en el IRPF cuando la venta de bienes recibidos en pactos sucesorios se haga antes de pasar cinco años

Entrada a una notaría de A Estrada Bernabé / Javier Lalín

La Xunta llevará ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley estatal de prevención y lucha contra el fraude que entró en vigor el pasado año. En concreto recurrirá el precepto que penaliza las herencias en vida, el que obliga a tributar en el IRPF por la venta de un bien heredado mediante pacto sucesorio cuando esa transmisión onerosa se realice antes de transcurrir cinco años desde la recepción del legado. La decisión de acudir al TC se ha tomado tras fracasar las negociaciones, abiertas el pasado noviembre, entre el Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Hacienda para intentar encontrar una solución satisfactoria para ambas administraciones.

La reforma del Gobierno central supone un hachazo fiscal para los contribuyentes gallegos, ya que desde 2016 las herencias en línea directa por valor de hasta 400.000 euros están exentas del pago del Impuesto de Sucesiones. Y desde el año 2020, el límite se ha elevado a un millón de euros. Además, el Tribunal Supremo sentenció en 2016 que estaban eximidas del pago del IRPF las herencias en vida tramitadas en Galicia conforme al Dereito Civil. Entre los años 2016 y 2021 se firmaron ante notario en la comunidad más de 119.00 pactos sucesorios.

Lo que establece la ley estatal es que si una persona recibe una herencia en vida nada cambia si conserva la propiedad de esos bienes durante cinco años. No tendría que tributar más. La novedad está en que si vende esos bienes antes de que transcurra ese lustro, entonces –en caso de que aún viva el donante– se tendría que pagar el IRPF por los bienes gananciales de esa operación de transmisión. La razón de fondo, por eso la ley se denomina de prevención y lucha contra el fraude, es que se interpreta que las herencias se tramitan en vida para intentar esquivar responsabilidades fiscales: como si el receptor vendiera un piso heredado, por ejemplo, con el objetivo de darle el dinero al progenitor y así evitar tener que pagar la parte correspondiente en el IRPF por el aumento de valor del inmueble desde la fecha original de adquisición.

La Xunta está en total desacuerdo con este cambio introducido por el Ministerio de Hacienda, de ahí que intentara desactivar la reforma acudiendo a la Comisión Bilateral con el Estado. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto al mantener su postura el Gobierno central, por lo que ahora se da un nuevo paso en este conflicto acudiendo al Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo autonómico ya tiene redactado el recurso, junto con toda la documentación adicional, listo para su aprobación, previsiblemente hoy, en el Consello de la Xunta que se celebra en A Coruña.

De hecho, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, remitió el pasado 17 de marzo todo el expediente al Consello Consultivo de Galicia para que emitiera su informe preceptivo. En esa documentación figura, entre otros elementos, la ley objeto del recurso y los informes aportados por el Estado en el Comisión Bilateral y por la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) en el que se fundamenta, en este último caso, la propuesta de acudir al Constitucional para que dirima el conflicto.

La Atriga sostiene que el precepto en cuestión vulnera los principios de capacidad económica y de igualdad del artículo 31.1 de la Constitución Española, también los artículos 24.2 e 25.1 y el principio de eficacia del artículo 103 de la Carta Magna. También afirma que afecta a las competencias normativas autonómicas en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como a la competencia autonómica de conservación, modificación y desarrollo de las instituciones del Dereito Civil gallego del artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía.

El Consello Consultivo avala la presentación del recurso al entender que existen “fundamentos jurídicos suficientes” en la posición de Galicia. No obstante, este órgano asesor no comparte todos los argumentos expuestos por la Xunta.

En lo que está de acuerdo con el Gobierno gallego es en entender que se vulneran los principios de capacidad económica y de igualdad recogidos en sus respectivos artículos en la Constitución, de suficiente peso como para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Pero al contrario de lo que expone la Atriga en su informe, el Consello Consultivo difiere en las demás razones, como que Hacienda considere una presunción de fraude todas las herencias en vida o que se invadan competencias autonómicas. “No cabe estimar que suponga, directa o indirectamente, la supresión ni tampoco ninguna alteración del alcance y de las condiciones del Impuesto de Sucesiones, como tampoco cabe apreciar, en este caso, la vulneración de la competencia autonómica en materia de conservación, modificación y desarrollo del Dereito Civil de Galicia”, se recoge en el dictamen.

Las claves

Entrada en vigor reciente

La reforma legal entró en vigor en el segundo semestre del pasado año, pero ya antes había sido objeto de crítica por parte de la Xunta.

Fracaso de la negociación bilateral

Xunta y Estado se sentaron en noviembre a negociar en la Comisión Bilateral, pero las discusiones acabaron en fracaso.

Más de 119.000 pactos sucesorios

Entre los años 2016 y 2021 se firmaron en la comunidad más de 119.000 pactos sucesorios ante notario.

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