La crisis de precios derivada del encarecimiento de la energía desde finales del año pasado ha supuesto un mazazo para los ciudadanos en riesgo de exclusión social, abocándolos a las ayudas sociales para poder llegar a fin de mes y proporcionales alimento y vivienda a sus hijos. La inflación acumula medio año por encima del 5% y acaba de cerrar marzo en el 9,8%, la cifra más alta en 37 años. En ese contexto, los gallegos que viven del ingreso mínimo vital (IMV) se han disparado un 23% en solo seis meses hasta alcanzar los 47.253, 11.108 más que a finales de septiembre.
Este problema, agravado desde finales de febrero por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, amenaza con causar un recesión económica similar a la que en 2020 desencadenó el coronavirus. De hecho, el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas para combatir ese alza de precios, como una rebaja media de 6 euros en el recibo de la luz, de solo tres meses de duración. En esas políticas se incluye un incremento durante ese período del 15% del cheque del IMV que reciba cada beneficiario, cuya cuantía oscila entre los 491 y los 1.189 euros mensuales, en función de las cargas familiares de cada persona.
En la actualidad, el Gobierno central paga en Galicia 20.489 cheques del ingreso mínimo vital cada mes, 4.011 más que hace medio año. Esas ayudas benefician a un total de 47.253 ciudadanos, incluyendo a cónyuges e hijos de los perceptores. De esa cifra, 28.778 son adultos, un 24% más que en septiembre, y otros 18.475 son menores de edad. Es esta última cifra la que ha registrado el mayor incremento, con un 41% más. Otros 5.382 niños se benefician de estas ayudas.
El IMV constituye una de las banderas de la legislatura para el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que la puso en marcha en junio de 2020, casi al mismo tiempo que finalizó el confinamiento del estado de alarma para frenar la pandemia. Se trata de una prestación mensual destinada a hogares con escasos recursos y que emula rentas de inclusión autonómicas como la Risga de Galicia, con la que es incompatible, según la normativa autonómica.
Para acceder a ella, una persona debe tener unos ingresos “al menos inferiores en 10 euros a la cuantía mensual” que le correspondería del IMV por su situación. Para un adulto que vive solo, el ingreso mínimo previsto es de 491 euros; para dos adultos con un menor, de 786, y de 934 si añaden otro hijo. En el caso de familias monoparentales, oscila entre los 747 y los 1.189 euros.
Desde enero, a esas cifras se unen unos complementos por los niños a cargo de 100 euros para menores de 0 a 3 años; de 70 de 4 a 6; y de 50 para el resto.
Eso sí, los beneficiarios no pueden poseer un patrimonio neto, descontando la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces el cheque que les corresponde. Por ejemplo, una pareja que dos hijos debe contar con propiedades por un valor inferior a 31.857 euros para lograr la ayuda.
Aunque han crecido los beneficiarios, los datos siguen lejos de las expectativas creadas por el propio Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calculó cuando se puso en marcha la medida que llegaría a 850.000 hogares compuestos por 2,3 millones de personas. En Galicia, la previsión era de 39.500 hogares.
En la actualidad, las prestaciones abonadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son 428.043, que benefician a 1.064.609 personas. En Galicia los cheques son 20.489, de los que se benefician 47.253 ciudadanos.
El incremento del IMV ha causado, sin embargo, una bajada de los perceptores de la Risga, la renta de inclusión de la Xunta. En la actualidad, 7.054 ciudadanos perciben esta ayuda de 434 euros mensuales como mínimo. En diciembre, eran 7.200.
La legislación autonómica especifica que esta subvención es incompatible con otra ayuda similar, caso del IMV. Por ello, algunos perceptores se pasaron a esta última por ofrecer más dinero en algunos casos. Además, esta última exige contar con al menos 23 años, mientras que la Risga fija la edad mínima en 25.
Para agilizar la concesión del IMV y evitar dualidades, la Xunta cogestionará la ayuda estatal, siguiendo la estela de Euskadi.
