La falta de conocimientos digitales o las dificultades económicas para disponer de un ordenador o una conexión a internet pueden agravar el riesgo de exclusión social de las personas más vulnerables. Por esta razón, la Consellería de Política Social aprovechará la reforma de la Lei de Inclusión Social –en la que se revisará la Risga– para incorporar una ayuda destinada específicamente a favorecer el acceso a las nuevas tecnologías por parte de personas con escasos recursos.
La entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno a mediados de 2020 se solapó con la Risga –la renta autonómica destinada a personas en riesgo de exclusión social– y obligó a la Xunta a reformular su prestación a través de una reforma legal, que se prevé que esté lista a finales de este año 2022.
En la nueva ley no solo se modificará la Risga sino que también habrá cambios en las denominadas ayudas de inclusión social. Estas prestaciones, a diferencia de la renta de inclusión social, consisten en una prestación puntual destinada a sufragar gastos extraordinarios y urgentes.
Estos subsidios sociales se conceden para ayudar a pagar el alquiler o la hipoteca, para mejorar la accesibilidad de la vivienda y mejorar su equipamiento. También contemplan sufragar gastos vinculados a necesidades primarias de alimentación, vestido y ajuar doméstico, así como para cubrir atención sanitaria y sociosanitaria. También pueden destinarse a costear los gastos causados por los itinerarios de inclusión social y formación, así como aquellos “derivados de procesos de ajuste personal, especialmente en los casos de trastornos relacionados con la drogodependencia”. En 2020 recibieron esta prestación más de 1.700 gallegos.
Menos burocracia
En respuesta a una pregunta formulada en el Parlamento por el BNG, la Consellería de Política Social explica que en la reforma legal que están tramitando se “reordenarán” las ayudas de inclusión social para “hacerlas más rápidas, ágiles, modernas y adaptadas a la nueva realidad”. Y se pondrá en marcha una prestación para favorecer la inclusión digital. “En la actualidad la práctica totalidad de los trámites que se realizan con la Administración pública se llevan a cabo de forma telemática”, explica la Consellería de Política Social para enfatizar la importancia de que estas personas no queden descolgadas por carecer de conocimientos digitales o no disponer de recursos para conectarse a internet.
La Xunta pretende además reducir “de forma drástica” la burocracia en la tramitación tanto de la Risga como de las ayudas de inclusión social. “El reto será disminuir un 50 por ciento los plazos para que las prestaciones lleguen lo antes posible a las personas beneficiarias”, señalan. Si ahora el tiempo de espera para empezar a cobrar son tres meses, tras la reforma la demora se reducirá a mes y medio aproximadamente. Además se ampliará la cuantía que se concede para afrontar el pago de la vivienda.
