El rural se rebela contra los eólicos: copa el 60% de la litigiosidad del Xurado de Expropiación

Cuando se emprende un procedimiento para ocupar forzosamente un terreno, bien porque lo requiere una administración para impulsar una infraestructura propia o para facilitárselo a una empresa privada, y los dueños del suelo no están de acuerdo con el precio o las condiciones, el conflicto acaba en el Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) para que este determine el importe justo. Los litigios por parques eólicos o líneas eléctricas apenas suponían, tradicionalmente, el 17% de los expedientes que tramita anualmente el Xurado, pero en 2021 se produjo un vuelco completo que evidencia la rebelión del rural contra la proliferación en los montes de aerogeneradores y sus líneas de evacuación de la electricidad. De los 1.712 casos sobre los que se pronunció el pasado año el XEG, nada menos que 1.037 –el 60% del total– tuvieron su origen en el sector energético, según el balance que acaba de hacer público el ente autonómico.

Todas las expropiaciones las realizó la Vicepresidencia segunda de la Xunta y Consellería de Economía en beneficio de empresas privadas relacionadas con el sector eléctrico: 622 corresponden a líneas y torretas y 415 a parques eólicos.

Los motivos

¿A qué se debe este salto en la litigiosidad? El presidente de Ventonoso (colectivo impulsado por Unións Agrarias y que aglutina a propietarios afectados por parques eólicos), José Antonio Diéguez, da varias razones sobre este acto de “rebeldía” en el rural, como que la población tiene cada vez mayor información y está en desacuerdo con las condiciones que ofrecen los promotores, por lo que acuden al Xurado de Expropiación para intentar defender mejor sus intereses.

Si cuando se impulsa un parque eólico los dueños firman el contrato que les ofrece la empresa promotora por ocupar sus terrenos, ahí se acaba todo. Pero si hay rechazo, entonces interviene la Xunta para ejecutar la expropiación y si persiste el desacuerdo, entonces se acude al Xurado.

Una de las razones de la pugna es el precio que se paga por el suelo –inferior al que demanda el dueño– y otra, según cuenta José Antonio Diéguez, es la modalidad de contrato que proponen los promotores eléctricos, que abogan por el derecho de superficie. Cuenta el presidente de Ventonoso que se “alquila” la finca al completo afectada por una instalación aunque solo se ocupe una parte, dejando el resto del terreno para que lo aprovechen los dueños, pero que estos no se fían y se niegan a firmar el contrato, por lo que al final se tiene que expropiar y al mantenerse el desacuerdo, el expediente acaba en el XEG “aunque esto al final incluso les suponga menos ingresos”.

Cargo de las costas judiciales

Otra razón dada por Diéguez es que se están dando casos en los que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia carga las costas a los propietarios cuando estos emprenden la vía judicial contra la ocupación de los terrenos, lo que desanima a otros seguir la misma fórmula por si al final les sale más caro el recurso que el beneficio que pretendían obtener.

Y otro motivo del alto número de expedientes es que en 2019 se levantaron las actas de ocupación para la instalación de 500 megavatios en Galicia, de ahí la intensa actividad del Xurado de Expropiación dos años después, una vez que se fueron completando los trámites pertinentes, porque además todos los parques llevan aparejados las líneas de evacuación de la electricidad, que ocupan más terrenos que los aerogeneradores.

La inmensa mayoría de los expedientes corresponde al rural, ya que el 81,9% de todo el suelo afectado tiene la consideración de rústico, por solo un 17,8% de urbano. “De los casos que se tramitaron en el año 2021, el 86,48% fueron de valores de hasta 5 000 euros, lo que da idea de las pequeñas propiedades que en Galicia son objeto de valoración por parte del XEG”, se recoge en el balance.

Actividad anual

Al Xurado de Expropiación de Galicia solo se puede acudir cuando la administración que ocupa los terrenos es la Xunta, los concellos o las diputaciones, y una de las razones es para obtener un mejor precio que el que se ofrece inicialmente. Por el total de los expedientes tramitados el pasado año (1.712), las administraciones –la Xunta es responsable del 87% de ellos– querían pagar en su conjunto 9,9 millones de euros, mientras que los propietarios exigían 43,8 millones. Y la valoración final –el importe que finalmente se pagó– fue de 15,13 millones, por lo que Gobierno gallego y entidades locales tuvieron que abonar a los dueños 5,2 millones más de los previstos.

El precio medio alcanzado por expediente se acercó a los 7.600 euros, lo que supuso de media 2.606 euros más de que los que estaban dispuestos a pagar las administraciones gallegas.

Desde el año 2006, cuando comenzó a operar, el Xurado de Expropiación obligó a pagar por la ocupación de terrenos en Galicia 150 millones más que los valorados en un principio.

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