En el conjunto de España y en un balance global, los ayuntamientos y las diputaciones cerraron el primer año de la pandemia “con una buena situación financiera”, según destaca el Ministerio de Hacienda. Pero cuando se baja a la letra pequeña se aprecia que no todos se comportaron de igual forma. En el caso de Galicia fueron 93 los concellos que acabaron el año 2020 con problemas de liquidez en sus cajas dado que los ingresos obtenidos resultaron inferiores a los gastos. Este desfase, según el departamento de María Jesús Montero, alcanzó los 47,7 millones de euros, por lo que se tuvo que acudir a financiación externa para atender esas necesidades de tesorería o acometer planes de ajuste.
La provincia más afectada por este déficit de recursos municipales fue la de A Coruña. Hasta 33 ayuntamientos se encontraron al finalizar el año de la pandemia con un saldo financiero negativo. Su importe ascendió a 23,7 millones de euros.
En segundo lugar figura la provincia de Lugo, con 21 municipios que cerraron el año con déficit por un importe total de 12,3 millones. Ya a más distancia aparecen Ourense, con 22 concellos en la misma situación y un desajuste financiero de 5,1 millones. En la de Pontevedra solo fueron 17 los ayuntamientos que cerraron el año con déficit, cuyo importe ascendió a 6,6 millones de euros. Todo ello en un año en el que, precisamente por causa de la pandemia, se suspendió la aplicación de las reglas fiscales.
Según el Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Lugo fue el concello gallego que peor llegó a fin de año, con un desajuste financiero de 9,6 millones. Además, es la única ciudad que acabó el ejercicio en esta situación, dado que las demás terminaron con saldos positivos. Le siguen, por orden decreciente, Miño con 5,6 millones; Verín con 2,96; Arteixo, con 2; A Laracha, con 1,97; Carballo, con 1,5; Ames, con 1,3; Ponteareas, con 1,29; y Tui, con 1,29.
Por contra, los 220 concellos restantes y las cuatro diputaciones gallegas no tuvieron problemas financieros, al acabar el año con saldos positivos por tener más ingresos que gastos.
En el conjunto de España –sin contar ni el País Vasco ni Navarra, puesto que funcionan por un régimen específico–, 5.733 ayuntamientos y diputaciones concluyeron el primer año de la pandemia sin desajustes financieros, con un superávit valorado en 5.197 millones de euros, mientras que otros 1.288 municipios y corporaciones provinciales tuvieron saldos financieros negativos, por un importe global de 521,9 millones.
Por tanto, el balance entre unos y otros ha sido de 4.675 millones de euros, que no obstante es poco más de la mitad del registrado en el año 2017, cuando por entonces el saldo ascendía a 8.399 millones. En todo caso, la situación nada tiene que ver con el arranque de la pasada década, en los peores momentos de la crisis económica.
“En el periodo 2011-2020, con criterios presupuestarios se ha pasado de una situación de saldos no financieros negativos (-664,1 millones en 2011) a otra de saldos positivos que, en 2020 y con los datos suministrados hasta la fecha, se sitúa en 4.675,03 millones. En el conjunto de aquellas entidades locales el número de las que presentan saldos no financieros negativos es casi la tercera parte de las que se encontraban en esta situación en 2011, pasando de 3.364 entidades en dicho año a 1.288 en 2020”, informa el Ministerio de Hacienda.
