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Faro de Vigo

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Vía libre para desplegar en su totalidad la ley de recuperación de tierras

Cuatro meses después de abrir un conflicto institucional sobre la ley de recuperación de tierras por considerar el Gobierno central que Galicia se excedía en sus competencias, Xunta y Estado han cerrado un acuerdo de interpretación que, ahora sí, permite aplicar en toda su extensión la norma gallega destinada a revitalizar el rural. Moncloa entendía que el Ejecutivo autonómico podría extralimitarse en sus funciones e invadir la esfera estatal en nada menos que en 44 artículos, así que dio preaviso al Tribunal Constitucional por si tenía que impugnarla. Pero finalmente no hizo falta recurrir a la vía judicial porque se han resuelto todas las discrepancias.

“Estaba claro que cumplía con la Constitución, como también es normal que el Estado pudiera encontrar dudas, pero llegamos a un acuerdo y, después de esta fase, la ley gallega coge ya toda su capacidad para desplegar en el territorio cuestiones tan importantes como dotar de base territorial a las explotaciones agrarias”, indicó ayer el conselleiro do Medio Rural, José González, quien en todo caso matizó que su eficacia se espera “a medio y largo plazo”.

Discrepancia central

Los artículos que estaban en cuestión forman el núcleo central de la ley, pues son aquellos que regulan el Banco de Terras, la posibilidad de que la Xunta adquiera la propiedad de fincas abandonadas, la creación de aldeas modelo, los incentivos económicos, las tareas de control e inspección o la creación de polígonos agroforestales para revitalizar el monte y otros destinados a funcionar como cortafuegos.

Y las discrepancias atañían principalmente al Catastro, dado que este registro, de competencia exclusiva del Estado, es la base sobre la que pivotan las acciones prioritarias para recuperar la tierra, delimitar las fincas, identificar a los propietarios, calcular el precio de las parcelas o definir los polígonos en el monte, tareas todas ellas en las que tendrá un papel determinante la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Xunta y Estado consideran en su acuerdo que las funciones de Agader han de interpretarse de modo que de su actividad no pueda derivar una alteración de la regulación civil del derecho de la propiedad y su régimen a estos efectos, ni de la del Registro de la Propiedad ni un menoscabo o alteración de las funciones atribuidas al Catastro por la normativa vigente así como de las competencias estatales sobre tales materias, realizándose, en todo caso, la inscripción en el Registro de la Propiedad conforme a lo establecido en la legislación hipotecaria y la normativa de aplicación general del patrimonio de las administraciones públicas.

Reunión de José González con representantes del sector lácteo XOAN ALVAREZ

Prima de emergencia para el sector lácteo


Ante el encarecimiento de los costes de producción en el sector ganadero por la subida del precio de la luz, los piensos o el combustible, el conselleiro de Medio Rural propuso ayer al Gobierno que active una “prima de emergencia” de forma que los productores lácteos reciban hasta 4 céntimos más por litro producido para así evitar la venta a pérdidas.

José González, que se reunió con representantes del sector de producción de vacuno y lácteo, entiende que esta medida debe ser nacional, de ahí que lanzara su propuesta al Ministerio de Agricultura, que sería el órgano encargado de impulsar un acuerdo entre la industria, las cadenas de distribución y los ganaderos.

Esos cuatro céntimos serían el coste que repercute por litro el aumento de los costes de producción y los tendrían que poner la industria y la distribución. Esta medida es la que se puso en marcha en Italia y que la Xunta considera acertada para trasladar a España.

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