Imaginen que una gallega recibió un diagnóstico sobre su dependencia cuando contaba con 65 años. Ese informe fijaba el grado de atención que necesitaba y, por lo tanto, la prestación a recibir por parte de la administración, bien a través de una paga por cuidados, o de un servicio como una plaza en algún centro o la asignación de un cuidador un número de horas. Vuelvan a imaginar a esa señora ahora con 75 años y una dependencia agravada, pero la misma prestación. Ante esa situación, ella o sus familiares piden a los técnicos de la Consellería de Política Social que reexaminen su estado para mejorar el servicio recibido. En otros casos, están disconformes con el resultado del primer análisis realizado y se quejan. Esas reclamaciones permitieron a casi 9.000 dependientes gallegos mejorar las prestaciones recibidas el año pasado. Es casi un 40% más que en 2015.
Es el balance de la Consellería de Política Social, que el año pasado certificó un agravamiento del nivel de dependencia asignado inicialmente a 8.702 personas, pues las peticiones fueron denegadas en 193 casos que generaron recursos de alzada “bien contra el reconocimiento del grado asignado, su revisión o la desestimación de la revisión”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Fabiola García.
La Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia entró en vigor en enero de 2007, constituyendo un hito en el Estado del Bienestar. Impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció el derecho de las personas con algún tipo de discapacidad que causaba algún nivel de dependencia a un servicio por parte de la administración.
La intensidad y tipo de ayuda otorgada a cada beneficiario de este nuevo derecho dependía de un examen de cada caso, realizado por médicos y trabajadores sociales, que determinaban las condiciones físicas y mentales del dependiente.
Existen tres grados de dependencia con dos niveles cada uno: grado I (moderados), II (severos) y III (grandes dependientes). En el primer caso, el ciudadano necesita ayuda para las tareas básicas de la vida diaria al menos una vez al día; en el segundo, dos o tres veces, aunque sin necesidad de presencia permanente de un cuidador; en el tercero, el ciudadano necesita ayuda constante.
Una vez analizado cada caso, se establece un plan de atención individual, con una paga económica para un cuidador familiar o externo o una plaza en un centro. A menor gravedad, mayor copago.
En 2021, las reclamaciones de los usuarios derivaron en casi 9.000 mejoras de grado, lo que equivale a mayores servicios, bien en horas de cuidados, bien en las características de cada plaza, como, por ejemplo, más horas en un centro de día.
En Galicia, la cifra de beneficiarios de estos servicios es de 65.061, aunque son 69.079 los que tienen derecho a ellos, es decir, la lista de espera es de 4.000 personas, según los datos del cierre del año pasado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La Xunta apuesta por la prestación de servicios por encima del pago de dinero a familiares encargados del cuidado. El primer caso representa algo más del 80% de las 77.158 prestaciones ofrecidas el año pasado (1,19 por beneficiario, pues pueden tener horas en un centro de día y teleasistencia, por ejemplo) frente a casi el 20% de las prestaciones económicas. Entre los servicios se encuentran la teleasistencia, la ayuda a domicilio o una plaza en centros de día o de noche o en residencias.
Financiación
Política Social destinará este año a dependencia un 16% más de presupuesto que el año pasado hasta alcanzar un desembolso de 300 millones de euros para un servicio que cuesta unos 430, según sus cálculos. La financiación es una cuestión que ha enfrentado desde siempre a la administración autonómica con los diferentes Gobiernos centrales, aunque con mayor vehemencia cuando quien ostentaba el poder era el PSOE y no el PP.
El motivo de la disputa radica en que la legislación establece una cofinanciación a partes iguales entre las arcas estatales y las autonómicas, aspecto que no se cumple. Según la Xunta, Galicia aporta el 75% de la financiación por apenas el 25% del Gobierno central.
Política Social sostiene que para “cumplir” el Estado debería aportar alrededor de 130 millones más al año y eleva su deuda con la comunidad a unos 2.100 millones desde 2009, ejercicio en que el PP de Alberto Núñez Feijóo alcanzó la Presidencia del Ejecutivo gallego.
