El Gobierno central pagará a la Xunta no solo los 211 millones de euros que le debe por un mes de recaudación del IVA en 2017, cuestión que reclamó Galicia ante el Tribunal Supremo, sino que esa demora le costará otros 13 millones en intereses a la administración central, que mantenía una deuda de 2.500 millones con las autonomías.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer tras la reunión semanal del Consello que en marzo percibirían un dinero por el que llegaron al Tribunal Supremo.
Un cambio en el sistema de contabilidad dejó en el limbo la recaudación de diciembre de 2017, que el Gobierno central se quedó señalando una normativa aprobada por el Ejecutivo anterior del PP. Esa reforma pasó del día 20 al 30 el plazo para que las sociedades liquidasen el IVA, cuya recaudación se reparten al 50% administración central y autonomías. Como los bancos disponen de siete días para ingresar ese dinero, eso sucede al mes siguiente. En el caso de diciembre, el dinero entraría ya en el balance del siguiente ejercicio, por lo que se perdió en el limbo cuando entró en vigor. Las comunidades creían que en enero recibirían ese dinero, pero el Ministerio de Hacienda se negó porque había cerrado el ejercicio. La cuestión se solventó en el año 2018.
Hacienda reconoció la deuda en su momento e incluso prometió saldarla, pero en 2019 alegó que con los presupuestos prorrogados de entonces no se podía abonar la recaudación de lVA. Y en 2020 argumentó que la deuda se tenía que pagar en un plazo máximo de dos años, pero que no se pudo hacer porque el proyecto de presupuestos socialistas no superó la tramitación, que era el sistema por el que el Gobierno pretendía resolver la liquidación
La Xunta lideró las quejas autonómicas y ante esa situación fue la primera en denunciar ante el Supremo esa cuestión, que finalmente derivó en un fallo contra el Gobierno central por “enriquecimiento indebido”.
Feijóo criticó la mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez insistiendo en esos recargos en intereses de demora, si bien el Sergas pagó entre 2015 y 2019 un total 25 millones por retrasos en el pago de sentencias judiciales.
También avanzó que concederán un mes más al Gobierno para evitar denunciar ante el Supremo el reparto de 9 millones de fondos comunitarios, que beneficiaron, según Feijóo, a autonomías de signo progresista.
A pesar de esa queja, la Xunta solo ha ejecutado el 10% de los 81 millones de fondos solidarios (Fondo de Cooperación Interterritorial) durante los dos últimos años.
Tercer bono turístico gallego, pero fuera de temporada
Las diferentes modalidades de bono turístico impulsadas por la Xunta para ayudar al sector a capear los daños causados por la pandemia permitieron una inyección de 7,7 millones de euros en negocios hoteleros y hosteleros. El “éxito” de la iniciativa ha motivado que la administración gallega prepare una tercera edición de estas tarjetas, aunque en este caso solo podrán gastarse fuera de temporada, es decir, al margen de los meses de verano. La Xunta financió el 60% de tarjetas de 500, 375 y 250 euros. El 40% restante correspondía a los usuarios. Además, reservó un bono específico para los sanitarios, con los que quiso premiar su trabajo contra el COVID-19. La segunda edición de este sistema contó con un presupuesto de 5,8 millones (3,5 de la Xunta y 2,3 de los particulares), de los que se gastó el 96%. El importe restante correspondió al bono sanitario.
