Aunque 2º de Bachillerato es para muchos alumnos un inmenso cronómetro que marca desde el principio la cuenta atrás para la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade), la CiUG, encargada de gestionar el examen que en gran medida dirime qué carrera estudiarán en torno a 12.000 gallegos que se presentan a selectividad cada año, ha afinado las fechas, al indicar los días 7, 8 y 9 de junio para la convocatoria ordinaria y los días 12, 13 y 14 del mes siguiente para la extraordinaria. Así consta en el documento colgado ayer en el que invita a docentes de instituto y de los campus a participar en las comisiones delegadas.
El calendario incorporado a la apertura del plazo de solicitud para profesores para vigilar y corregir exámenes implica que las pruebas comenzarán un martes y se prolongarán hasta el jueves por la mañana, quedando la tarde de ese último día reservada para “posibles incidencias”. Lo propio señala la Comisión Interuniversitaria de Galicia respecto a la cita prevista en julio: las pruebas se programan de martes a jueves por la mañana.
Ambos intervalos se situarían, aunque no hay todavía un llamamiento oficial, dentro de los plazos fijados en el borrador de orden del Ministerio de Educación que regulará la prueba este año, que pone de tope el 17 de junio para abordar la primera cita y el 15 de julio para las comunidades que opten por celebrar antes del verano la “repesca”.
Un examen como en los últimos años
Los jóvenes que cursan este año segundo, de entrada, no se encontrarán con grandes sorpresas: la consigna, expuesta en el proyecto de orden que regula la evaluación de acceso a la universidad, es la misma que Gobierno y comunidades pactaron el primer curso en que el coronavirus apareció: ofertar el mayor número de opciones posible, de ahí que se indique que el estudiante deberá responder, “a su elección”, un número de preguntas determinado por el órgano competente.
Siempre teniendo en cuenta, como señala en su articulado el borrador de la normativa y se indicaba en la del año pasado, que el número de preguntas ha de permitir alcanzar a todo el alumnado “la máxima” puntuación en la prueba, al margen de las circunstancias en que hubiera podido tener acceso a la enseñanza y aprendizaje “en caso de que se hubiera producido una suspensión de la actividad presencial”. Esa cláusula de salvaguarda se incluyó por si algún alumno no recibía todos los contenidos previstos.
De hecho, no solo este año: quienes están en primero de Bachillerato, de entrada, afrontarán el próximo curso, en 2023, un examen de características similares, según trasladó el pasado mes de diciembre el departamento que dirige Pilar Alegría. Cuando en teoría sí cambiaría la prueba sería en 2024, en la que entraría en vigor un nuevo examen, acorde con la Lomloe.
La ABAU con un suspenso
Sin embargo, la convocatoria de este año sí tendrá una novedad, porque la parte relativa a la promoción y a la titulación que conlleva la nueva ley educativa sí ha entrado en vigor y con ella se permite titular con un suspenso en Bachillerato. No obstante, conlleva el cumplimiento de varias condiciones, entre ellas que la nota media del alumno debe ser al menos de un 5.
El primer año de pandemia también se “flexibilizaron” las medidas respecto a evaluación y promoción y la prueba de acceso a la universidad lo notó. Ese curso se incrementaron en más de un 27 por ciento los presentados a las pruebas en la comunidad y casi en un 25 por ciento los aprobados. De hecho, también se dispararon las notas más elevadas: los alumnos que sacaron un 9 o más en el examen aumentaron un 46 por ciento.
Aun así, y a pesar de que los gallegos mejoraron la nota media con respecto a los registros de antes de la pandemia, solo creció en 0,2 puntos, mientras que en otras comunidades, como Cantabria o Asturias lo hizo un 0,7. Desde hace años, Galicia pide que se revise el modelo de examen de selectividad, al entender que el dato del desempeño en la prueba es incoherente con los resultados de PISA, por ejemplo.
La ministra Pilar Alegría avanzó el pasado diciembre que en el futuro, aunque el nuevo modelo de acceso a los campus que se estudia “respetará las competencias de las comunidades autónomas”, tendrá asimismo “cierto carácter homogéneo de aspectos fundamentales para todo el territorio”.
