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Faro de Vigo

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La Xunta castiga a 3.800 sustitutos en un año por rechazar cubrir un puesto temporal

Las penalizaciones de seis meses sin poder trabajar para la administración se reducen un 20% desde la aparición de la vacuna | El miedo al COVID supuso un récord en 2020 con 4.700 casos

Una persona entra en las dependencias centrales de la Xunta, en Santiago.

La llegada de la vacuna contra el COVID-19 generó un efecto tranquilizador en parte de la población, a pesar de las olas de contagios que se produjeron durante el año pasado, el primero en que Galicia contó con los preparados para combatir los efectos del coronavirus SARS-CoV-2. Y ello rebajó los castigos impuestos por la Xunta a las personas apuntadas en las listas de contratación de la administración general (sin contar sanidad ni educación) por rechazar ofertas para incorporarse a un puesto vacante, decisión también condicionada por quienes preparan las oposiciones para un puesto fijo. Casi mil penalizaciones menos se registraron el año pasado respecto al ejercicio 2020 hasta sumar un total de 3.803. Esa pena consiste en una suspensión de seis meses, período durante el cual no podrán acceder a otro puesto. En dos años, son casi 8.500 los “castigados”.

La aparición de la pandemia en 2020 derivó en una crisis socioeconómica sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial por su impacto y su rapidez. En ese contexto de lucha contra un virus desconocido que mataba a miles de personas y se expandía con rapidez, los ciudadanos apuntados en las listas de contratación de la Xunta para cubrir sustituciones experimentaron un gran temor a los contagios.

Las listas de trabajo temporal exigen aceptar la oferta para garantizar la cobertura

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Esa la única explicación que ofrecía la Consellería de Facenda, de la que depende la función pública, para explicar que en 2020 aplicase 4.696 castigos por rechazar ofertas para cubrir bajas o puestos vacantes. El año pasado la cifra registró 893 casos menos, hasta los citados 3.803. Aun así, esta cifra sigue por encima de la media prepandemia, que rondaba los 3.000.

Disponibilidad

La administración gallega cuenta con un sistema de listas de empleo a las que pueden apuntarse los interesados en cubrir vacantes. Educación y sanidad cuentan con sus propios mecanismos al margen de la administración general, que incluye puestos de oficina, pero también servicios sociales o lucha contra incendios.

Pero la Xunta establece una condición clave: la disponibilidad. “Los contratos se van ofreciendo con la secuencia azarosa con la que se producen las necesidades de servicio y precisamente para asegurar la correcta cobertura es por lo que se suele prever un mecanismo común en todas las administraciones que penaliza aquellos supuestos en los que las personas inscritas y en situación de disponibilidad rechazan las ofertas de empleo”, explican desde Facenda. “De no existir mecanismos de ese tipo, la continuidad del servicio público podría quedar comprometida por la previsible demora en la cobertura de las plazas vacantes”, añade.

Con este sistema, la Xunta busca asegurarse la capacidad para cubrir sus necesidades. Si permitiese rechazar contratos de corta duración o en enclaves rurales poco atractivos, esas vacantes podrían quedar vacías y el servicio, salir perjudicado.

“Es importante subrayar que entre los puestos ofertados se incluyen ámbitos prioritarios, como los servicios de bienestar social o de lucha contra los incendios, que la administración tiene que cubrir en el menor tiempo posible para garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios básicos”, insisten desde Facenda.

Tras la aparición de la pandemia, ese departamento rebajó a la mitad el tiempo de castigo sin poder acceder a un empleo por rechazos de ese tipo: de un año a seis meses. A partir de entonces, vuelven a la lista, pero no en el puesto que tenían, sino al fondo de la misma.

Suspensión voluntaria

Sin embargo, los integrantes de las listas de empleo temporal cuentan con una opción para adaptar sus circunstancias personales a su disponibilidad. Pueden solicitar la suspensión temporal de llamamientos por cuestiones como tener otro trabajo o necesidades familiares. “La suspensión no comporta exclusión y permite mantener el orden de prelación una vez reincorporado a ellas y disponible para ser citado”, aclaran desde Facenda.

Para agilizar el proceso, la administración gallega eliminó en 2020 los diez días de espera fijados entre la petición de reincorporación y el regreso efectivo a ella. Ahora se concreta en 24 horas.

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