Que las nuevas construcciones previstas en un Plan de Ordenación municipal contemplen zonas de prevención para incendios forestales o áreas de evacuación; que las brigadas de extinción tengan un mecanismo de selección uniforme a nivel autonómico y se contraten por periodos de hasta 9 o 12 meses; dotar de un mayor apoyo a la figura del director técnico de extinción y al análisis e investigación de causas de incendios. Con la lección aprendida de los devastadores incendios de 2017 y los fuegos ‘de nueva generación’ en el retrovisor, el director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, y el ex-investigador del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, José Antonio Vega –y profesor jubilado de la Universidad de Vigo– avanzan a FARO las directrices del anteproyecto de Ley de lucha integral contra los incendios forestales de Galicia en el que trabajan. Entre las palabras claves, la corresponsabilidad social ante la lucha contra el fuego y la transversalidad entre administraciones para sacar músculo en esa batalla.
Vega, ahora coordinador de los grupos de trabajo creados para la elaboración de esta Ley de lucha integral contra los incendios forestales de Galicia enfatiza la necesidad de “consenso” para sacar adelante la futura norma. Estas directrices establecen, entre otros principios, la distribución competencial en las labores de extinción. Asimismo, fundamentarán que el sistema gallego de lucha integral contra los incendios debe basarse en una estructura profesionalizada, compuesta principalmente por personal propio de la Consellería de Medio Rural complementado con nuevas brigadas municipales también profesionales, con un mecanismo de selección uniforme a nivel autonómico y con un tiempo de contratación mínima de seis meses. Además, se marca la necesidad de configurar equipos especializados específicos para la intervención en los grandes incendios y en su análisis posterior, así como de una definición más pormenorizada de la figura del director técnico de extinción, que debe contar con un equipo de apoyo. A continuación, avanzan las principales directrices del plan.
Dos ‘sabios’ del monte gallego
El director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, Juan Picos, y José Antonio Vega, ex-investigador del Centro de Investigación Forestal de Lourizán coinciden en que la problemática de los incendios en Galicia “es tremendamente compleja”. A los pilares más clásicos de prevención, extinción y sensibilización social, suman la ordenación del territorio y la restauración de los terrenos quemados. Entre sus objetivos, que los montes gocen de ejemplares arbóreos como el del tronco de la fotografía, en la citada escuela en Pontevedra.
La norma, que se prevé tener aprobada este año, tiene como principal objetivo proteger las personas, los bienes y la riqueza forestal gallega. El modus operandi ha sido pionero en Galicia: es fruto de un proceso participativo coordinado por la Universidade de Vigo en el que intervinieron más de 200 personas, propuestas por sindicatos, Universidades gallegas, consellería de Medio Rural, asociaciones de montes vecinales, colectivos ecologistas o el Consello Forestal. Tras cuatro rondas de encuestas realizadas a un núcleo estable de unas 130 personas –grupo base de expertos– y con más de 400 cuestiones consultadas, las respuestas derivaron en unas directrices que servirán de punto de partida para la elaboración del anteproyecto de ley. Recientemente se presentó al Consello Forestal como paso previo al inicio de la tramitación de la norma. “No es el trámite habitual de gestión de una nueva ley”, explican los promotores, “y además de ese inicio novedoso, luego compartimos todos los resultados de la encuesta”. “Buscábamos debatir sobre todos los temas relacionados con los incendios y generar una batería de recomendaciones”, aseguraron. Estas directrices surgen tras el consenso parlamentario reflejado en la Comisión especial no permanente de estudio y análisis de las reformas de la política forestal, de prevención de incendios forestales y del Plan Forestal de Galicia, constituida para evaluar la experiencia acumulada desde 2006, así como de sus conclusiones recogidas en el correspondiente Dictamen y del posterior informe elaborado por un grupo de expertos.
Gestión y lucha integral. Es uno de las ‘marcas’ del anteproyecto. También la coordinación de competencias del territorio. De los usos de la tierra subyacen parte de las problemáticas incendiarias, explican. Por tanto, los expertos proponen la ordenación del territorio como clave en la prevención y, de forma transversal, entre diferentes consellerías.
“Las leyes sectoriales no valen para enfrentarnos al nuevo tipo de incendios de mayor magnitud y dificultades de extinción en el territorio”, subrayan. “Que las actuaciones de todas las administraciones que tienen competencias en el territorio sean integradas y se doten siempre de un carácter preventivo”, avanza Juan Picos. Para ejemplificar, el experto cita: “Cuando se apruebe un PXOM en un ayuntamiento, se tiene que tener en cuenta que esas construcciones van a precisar de una faja y de labores preventivas contra incendios forestales. No se puede promover por un lado la construcción y por otro, que actúe la consellería de Medio Rural en las medidas de prevención”, abundan. La misma idea serviría para actuar a nivel de terrenos industriales o de espacios protegidos.
“La prevención ya representa un presupuesto mayor que la extinción en Galicia”, reconoce Vega. Aún así, lo que plantean no tiene que ver con un esfuerzo económico, sino estructural. “El problema de los incendios en Galicia no se soluciona con más motobombas o hidroaviones de extinción; sino con ordenación del territorio”, insiste Picos.
Una comisión salida del parlamento en 2019 ya se encargó de la organización del personal de las brigadas, cuya contratación y condiciones contractuales ha ido mejorando en los últimos tiempos, reconocen. Pero los incendios ya no son como hace 20 años y, por tanto, los dispositivos de extinción deben de ‘beber’ de los últimos conocimientos científicos en la materia, para ser más eficientes. Quieren reconocer el papel fundamental de las brigadas específicas dedicadas la investigación, avalando de este modo la creación de la UIFO –brigada recién creada para labores únicamente de investigación de incendios–. No se trata solo de encontrar a quien provocó un fuego, sino de entender las causas por las que se produjo, resumen.
“El problema en Galicia no se soluciona con más motobombas, sino con ordenación del territorio”
También proponen reforzar los medios tecnológicos y científicos que permitan realizar mejor las tareas a figuras de la extinción como, por ejemplo, el director técnico de extinción. “Tiene que tomar decisiones difíciles abajo mucha tensión, porque también tiene que velar por la seguridad del personal y decidir la táctica del combate contra el fuego... coordinar la llegada de los medios aéreos; es decir, usar medios y logística”, resumen. “Cada, vez la figura del director de extinción se complica más y requiere mayor profesionalización y apoyo. Esa figura debería de contar con más personas a su alrededor o en un gabinete para que le asesoren técnicamente, con imágenes de satélite o meteorología, para que en esos momentos difíciles de tensión en los que hay que tomar decisiones rápidas con gran repercusión, pueda tener toda la información posible y más herramientas”.
Además, pretenden que no se ‘jubile’ el conocimiento con cada uno de los expertos en extinción que se retira; así, proponen que se registren datos sobre todos los incendios y la forma de actuación.
Del mismo modo, dichas directrices que definen el sistema deben distinguir entre la planificación y la ejecución de las tareas de prevención en sentido estricto, y también deben contemplar la la restauración y recuperación de los terrenos afectados por los fuegos.
Así, las bases de la futura ley integral frente al fuego definen figuras como los paisajes cortafuegos, que buscan la generación de discontinuidades en la biomasa y que incluyen las áreas y polígonos cortafuegos de la Ley de recuperación, así como las agrupaciones forestales de gestión conjunta o las redes de fajas de gestión de la biomasa. Asimismo, hace falta apuntar que la norma busca dar un impulso decidido a la gestión de las fajas secundarias mediante la actividad agroganadera y la plantación de frondosas. “Cambiar el círculo. Transformar la idea de que se mantiene una faja de seguridad porque la administración te puede multar, al pensamiento de fomentar los pastos y el consumo de productos de proximidad, de alta calidad y que contribuyen a la sostenibilidad del medio ambiente y a la prevención de incendios forestales”, explican.
“Con la lección de 2017 aprendida, queremos corresponsabilidad social”
“Si una persona tiene que enfrentarse a unos gastos en una parcela superior al precio de la finca, es posible que no las haga”, comentan los expertos sin mencionar el sistema punitivo. “Pero no mantenerla limpia, amenaza al resto de la sociedad, por lo que habrá que encontrar mecanismos de responsabilidad, pero también de ayuda”, avanzan. Se propone que además de los requerimientos sobre la limpieza de fincas, que han ido calando en la sociedad, se avalen otras técnicas jurídicas en función del diferente riesgo que tenga cada zona. Quizás se puedan establecer diferentes responsabilidades en función del riesgo de incendio estimado en cada zona, plantean. “No todos los lugares tienen el mismo peligro, por lo que habría que actuar de un modo más eficaz”, plantean. “Será una ley que fomentará la corresponsabilidad social. El incendio surge de que hay tensiones sociales y a la ciudadanía le corresponde también tomar partido”, destaca Vega. Entre los consejos con los que ejemplifican: “mejor que pagar por limpiar terrenos, quizás sea comprar un rebaño de cabras entre vecinos”, ejemplifican. “Si puedo llevar a mis vacas, ovejas o cabras a pastar en una faja, quizás no consiga una ganancia pero sí pueda rebajar el coste y luchar contra la desesperación de la crecida continua de la maleza y vegetación”.
“Las leyes sectoriales no valen para enfrentarnos al nuevo tipo de incendios mayor magnitud y dificultades de extinción en el territorio”, comentan los expertos. Por tanto, plantean una relación de usos transversal, que consiga una coordinación y anticipación de forma coordinada. En otras palabras, “que las actuaciones de todas las administraciones que tienen competencias en el territorio sean integradas: que se doten siempre de un carácter preventivo”, tanto para la coordinación de competencias como para ordenación de los usos. Entre los objetivos sobre la mesa, la colaboración entre Galicia y Portugal.
Otra de las claves a las que aluden es que las consecuencias de los fuegos sean lo menos graves posibles. “Que la futura ley contemple la rápida actuación, también en zonas de ríos, zonas de costas y propiedades privadas”. “La gran concienciación social sobre el peligro y la devastación de los incendios llegó en Galicia en 2017”, recuerda José Antonio Vega, que sitúa en los fuegos del área de Vigo su recuerdo. “Si el fuego llega a la ciudad o a una arteria de comunicación, deja de ser una catástrofe forestal o medioambiental, para convertirse en un drama humano de ámbito global. Y creemos que eso todos lo hemos comprendido”, reflexionan. Que las cenizas –con un alto poder contaminante– no lleguen a los depósitos de agua de las ciudades o al mar está entre las prioridades. La implicación de los ciudadanos adquiere otro sentido: “Tengo que prevenir los incendios por mi propio beneficio”, señalan. Una concienciación doble para tener el monte cuidado. “Tendremos que actuar antes y no siempre aprender de los golpes”, ilustra José Antonio Vega.
A consecuencia de lo citado: grandes fuegos en tamaño y severidad, en los años 1989, 2006 y 2017, se precisa adaptar la estrategia a ese tiempo de incendios extremos. Un grupo de personas del dispositivo, que se podrían mover por toda Galicia, integrarán una brigada especializada en situaciones complejas. Ya existen experiencias previas con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) –unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios–, creadas en 1992, y es un modelo que ya existe en países del entorno.
Del mismo modo, las directrices que definen el sistema deben distinguir entre la planificación preventiva y la ejecución de las tareas de prevención en sentido estricto, y también deben contemplar la extinción y la restauración y recuperación de los terrenos afectados por los fuegos. Que se pueda acceder a parcelas privadas es otra de sus demandas.
