La advertencia de la Conferencia de Rectores (CRUE) de que la reforma laboral puede causar “impactos negativos” en el ámbito de la investigación al suprimir el contrato temporal por obra o servicio ha despertado el rechazo de asociaciones de investigadores y colectivos sindicales. Las universidades gallegas cifraron en 1.350 los contratos de investigación que se quedarán en el aire si prospera la reforma y el presidente de la CRUE estimó en 25.000 su impacto en España.
Mientras UGT y CCOO manifiestan que hay que aprovechar la nueva ley para extender los contratos indefinidos en una actividad “muy precarizada”, se le suman los principales interesados: los investigadores. La Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI) aseguró sobre “la reforma laboral y su aplicación al sector de la ciencia” y en relación a la posición de los rectores que rechazan “cualquier iniciativa que tenga como objetivo decretar una suerte de excepcionalidad del sector científico para justificar el mantenimiento de la precariedad actual”.
Ante el argumento de los rectores de que el contrato de obra o servicio “es de frecuente utilización en las áreas de la investigación” y que sin él –o una alternativa similar– se desencadenará una situación que “puede hacer que se pare el sistema de ciencia y tecnología”, la FJI plantea una adaptación de la nueva normativa a un entorno científico “acostumbrado al uso y al abuso de los contratos por obra o servicio encadenados y ligados a proyectos de investigación, cubriendo a menudo necesidades estructurales de las instituciones contratantes por medio de contratos temporales”. En este sentido, proponen usar más las figuras previstas en la Ley de Ciencia, como los contratos predoctorales y posdoctorales, a los que se añadirá en los próximos meses una nueva modalidad de contrato indefinido “previsto en el anteproyecto de modificación de dicha Ley de Ciencia y cuya redacción parece claramente dirigida a dar encaje a la reforma laboral en el sector de la investigación científica”: el contrato de actividades científico-técnicas.
Sindicatos consultados en la UVigo evalúan este momento como de “puerta entreabierta” –entre que la reforma laboral entra en vigor y mientras no se promulga la Ley de ciencia–. El secretario xeral de UGT en la UVigo, Arturo Parada, valora que se dé fin a la temporalidad de un tipo de investigadores “en precario”, pero también alude a la necesidad de habilitar nuevas figuras de contratación dentro de la carrera investigadora. Asimismo, Felipe Gil, de CIG, ve “positivo” la consecución. “Ya era hora de que, de algún modo, se consigan contratos estables para investigadores a cargo de proyectos”, aseguran. No obstante, ambos tocan el hándicap de las fuentes de financiación universitaria –muchas a cargo de proyectos,–, que complican la conversión en indefinidos de todos los investigadores.
El representante de la Asociación general de profesores titulares de Universidad (AGPTU) en la UVigo, Pedro Pablo Gallego, explica que las universidades deberían de tener reglas propias de contratación, al margen de la Ley general, debido a la necesidad de contratación temporal en algunos puestos. “Hay una temporalidad que hay que salvaguardar porque tiene que ver con los contratos de formación”, alega el catedrático del departamento de Biología Vegetal de la UVigo. Como ejemplo, Gallego explica que está evaluando proyectos de la Agencia de Polonia de Ciencias, entre los que hay proyectos de 12 o 36 meses y que piden investigadores en formación. “En los actuales 350 contratos por otra en vigor en la UVigo los investigadores rotan”, asegura. “Tiene que haber una vía con temporalidad para la etapa de formación y algunas otras plazas de consolidación”, evalúa. De lo contrario, la Universidad no contará con presupuesto ni capacidad suficientes para absorber esa masa de investigaciones, vaticina.
Contrato de actividades
En los próximos meses se prevé que entre en vigor la nueva ley de Ciencia, actualmente en trámite de audiencia pública, y que contempla fórmulas de contratación mejoradas para los investigadores.
A diferencia de la ley de Ciencia en vigor, que avala la contratación temporal, el anteproyecto actual incluye un nuevo tipo de contrato indefinido, denominado “contrato de actividades científico-técnicas”, que podrá estar vinculado a la existencia de financiación para proyectos concretos y que incluye una indemnización por despido asimilable a la de los contratos indefinidos estándar en caso de extinción.
También se contempla una indemnización por finalización a las modalidades de contratación predoctoral y posdoctoral, en este caso de 12 días por año trabajado. Así, los sindicatos están examinando esa normativa, que se ha publicitado esta semana para recabar las aportaciones del sector.
Investigal pide que se indemnice a los contratos pre y postdoc en vigor
Las asociaciones que integran la Marea Roja por la Investigación –entre ellas la Rede Galega pola Investigación, InvestiGal– han decidido pedir una modificación de la disposición transitoria segunda de la futura Ley de Ciencia para que las indemnizaciones por fin de contrato también incluyan a los investigadores pre y postdoctorales con contratos vigentes. “Y si no lo hacen plantearemos concentraciones en diferentes partes de España coincidiendo con con la comparecencia en el Congreso de los diputados de FPUinvestigab en febrero”, avanzan.
