Suscríbete

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La Xunta se abre a una reforma legal para elevar las exigencias a los pisos turísticos

PABLO CONDE, DE LA EMPRESA " ANFITRIONA ", DEDICADA A LA GESTION DE PISOS PARTICULARES PARA TURISTAS, POSA EN UNA DE LAS NUEVAS VIVIENDAS GESTIONADAS POR DICHA FIRMA, UBICADA EN LA CALLE CESTEIROS DEL CASCO VELLO DE VIGO. MARTA G. BREA

En Galicia hay 14.068 viviendas de uso turístico. Son 2.000 más que hace un año y el triple que las registradas hace cuatro años. Su crecimiento parece no tener tope. Pero además el sector turístico está “preocupado” por el desembarco en el negocio de empresas que compran edificios enteros para alquilar apartamentos a turistas. Desde el Clúster de Turismo consideran que supone una “competencia desleal” para los hoteles, sometidos a unos requisitos más estrictos que los que se piden para estos pisos de alquiler vacacional. Por eso reclaman la “equiparación” de las exigencias de estos alojamientos con las del resto de establecimientos. Y la Xunta está dispuesta a reformar el decreto que regula las viviendas de uso turístico.

“Como consecuencia del uso y la implantación de estas viviendas, si el sector considera que es preciso hacer modificaciones en la normativa para que puedan dar una mejor respuesta a la situación actual de las viviendas de uso turístico, por parte de la administración estamos abiertos a valorar estas necesidades”, explican desde la Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. “Valoraremos hacer las revisiones necesarias”, añaden.

La primera regulación que se hizo en Galicia de las viviendas de uso turístico fue un decreto aprobado en 2017. El Clúster del Turismo reconoce que fue “un primer paso”, pero apuntan que ahora hace falta “actualizar la normativa”.

Desde el sector turístico advierten del espectacular incremento de pisos turísticos y señalan que todavía hay una bolsa importante de viviendas pendientes de regularizar. “Ahora hay 14.000 pero esta cifra podría multiplicarse por dos porque hay muchos pisos sin legalizar”, explica el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal.

Su mayor temor es el desembarco de empresas en el negocio. “Hay grupos inversores que compran edificios y los transforman en viviendas, lo que supone un considerable trastorno para los hoteles”, denuncia. Esto es una práctica habitual ya en otras comunidades. “En Madrid una sola empresa gestiona 17.000 pisos turísticos en la comunidad”, pone de ejemplo el presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros.

Inversores

Y estas prácticas se están trasladando a Galicia. En Vigo inversores y empresarios del sector pesquero están comprando edificios de apartamentos para uso turístico. Y los promotores inmobiliarios cuando terminan un bloque de viviendas empiezan a rentar a turistas los pisos mientras no consiguen comprador.

“Si yo quiero poner un hotel tengo que cumplir con unas normas referentes a la anchura de los pasillos, al espacio de las habitaciones, tener escaleras de evacuación, extintores.... Esto no se le pide a un piso turístico. ¿Para qué montar entonces un hotel, si se puede comprar un edificio y dedicarlo a viviendas de uso turístico sin estas exigencias?”, se pregunta César Sánchez Ballesteros.

Además Cesáreo Pardal advierte que habilitar varios pisos turísticos en un mismo edificio supone un trastorno para los vecinos. “Hay que buscar la calidad en la atención también en los alquileres a turistas”, defiende.

Cataluña no podrá obligar a Airbnb a bloquear los alquileres ilegales

El Tribunal Supremo (TS) anuló una orden de la Generalitat, de enero de 2015, que obligaba a Airbnb a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Catalunya, lo que acredita su legalidad como vivienda turística. En 2015 la Generalitat ordenó a Airbnb “bloquear, suprimir o suspender definitivamente” de la web el contenido relativo a la publicidad de empresas o establecimientos de alojamiento turístico localizados en Catalunya, en el que no constara el número de inscripción en el Registro de Catalunya. El tribunal considera que los anuncios en la plataforma son responsabilidad del que presta el servicio turístico final y no de Airbnb.

Compartir el artículo

stats