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Faro de Vigo

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La reforma laboral deja en el aire a 1.350 investigadores gallegos

El fin del contrato de obra dejará en el limbo proyectos en universidades, sin otra figura similar | “Es preocupante”, indica el vicerrector de Ordenación Académica de la UVigo

Dos científicas gallegas en un instituto de investigación. | // FDV

El futuro laboral de unos 1.300 investigadores de universidades gallegas se quedará en el aire a partir de abril si prospera la reforma laboral que eliminará el contrato de obra, según los cálculos realizados por las instituciones académicas. Unos mil contratos anuales de investigadores en la Universidade de Vigo (UVigo), de los que 350 están en vigor hoy en día; otros trescientos en la Universidade de A Coruña (UDC) y setecientos en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) desaparecerán en cuanto finalice su vigencia a partir de abril, al amparo de la nueva ley de reforma del mercado de trabajo.

La modalidad del contrato por obra y servicio es utilizada en investigación universitaria para personal que realiza proyectos de investigación de una duración temporal concreta. El vicerrector de Ordenación Académica e Profesorado de la UVigo, Manuel Ramos reconoce que la situación “es preocupante”. “Cuando llegue el 31 de marzo, plazo final de los contratos por obra, no existirá un marco en el que regular la prestación de esos servicios. No existe alternativa y no sabemos aún qué haremos; ya que desde mediados de marzo no podremos actualizar ninguno de estos trabajos, ni contratar nuevos. Se trata de contratos muy dinámicos, que se firman muy a menudo y del orden de 200 al mes”, explica Ramos.

La institución académica gallega más perjudicada por esta razón si prospera la reforma laboral es la USC. El gerente de universidad compostelana, Xavier Ferreira, explica que del cuerpo de 1.100 investigadores, solo unos 400 están regulados con contratos vinculados al amparo de la Ley de Ciencia, mientras que más de 700 en la USC tienen contratos por obra y servicio. De ellos, el 30% es de larga duración.

Y es de frecuente utilización en las áreas de la investigación y la transferencia del conocimiento, donde los proyectos científicos a los que concurren los investigadores se desarrollan mayoritariamente en un contexto internacional muy competitivo y de carácter temporal.

Desde la UVigo aseguran que firman un millar al año, pero como se van finalizando en cualquier momento, suele haber 350 activos. ¿Qué ocurrirá a partir del horizonte del 31 de marzo si prospera la reforma laboral? Durante el tiempo que dure esa situación no podrán hacer los proyectos, porque no se podrán renovar esos contratos, ni hacer otros nuevos. “Habrá proyectos a los que tengamos que decir ‘no podemos’”, aseguran fuentes de la UVigo, que temen los plazos de resolución.

El cuadro de personal docente e investigador de las universidades se estructura en tres grandes bloques. El profesorado está contratado a través de figuras definidas por la organización de la Ley Orgánica de Universidades, por lo que está al margen de la Ley laboral. Y en lo que respecta al personal investigador está contratado por varias vías: con figuras específicas que define la Ley de Ciencia y en otras ocasiones, por la ley general. Ahí estarían contemplados los contratos por obra y servicio que ahora desaparecen. “Es personal temporal, pero que a veces también encadena ese tipo de contratos”, explica Manuel Ramos. Pero se extiende. Además de investigadores, hay técnicos de laboratorio o personal administrativo –en proyectos grandes– contratado por obra. “No tenemos una alternativa y yo no veo otra vía más que habilitar otro tipo de contrato similar al de obra. Como institución pública, la Universidad no puede hacer un contrato a tres años si solo tiene financiación para unos meses, por ejemplo”, aclara.

Con la vista puesta en la futura Ley de Ciencia, las universidades desean que resuelva esta problemática.

señalaron que en la reunión mantenida el pasado martes 12 de enero con el ministro de Universidades, Joan Subirats, se dio traslado de la preocupación de la comunidad universitaria. Los rectores piden “una alternativa o bien una ampliación del plazo” y se trata de “una inquietud que comparten tanto el Ministerio de Ciencia como el de Universidades”.

No es el contrato deseado

Este tipo de contratos afectan a todas las áreas de investigación y, especialmente, a personal investigador joven.

Un “talento” que ahora ahora ve peligrar su continuidad. Mientras, en la UDC cifran en 300 los “investigadores contratados para realizar un proyecto específico de investigación” y, por tanto, con ese contrato.

La Conferencia de rectores estima en 25.000 los afectados en España

En esta línea, la UVigo entiende que una solución a la desaparición del contrato de obras y servicios puede estar en esa reforma que ahora se negocia con el Gobierno central. En el último borrador, se ha incluido la figura del contrato para actividades científico-técnicas y para gestión de servicios científico-técnicos, que es una novedad. Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

La voz de alarma la dio la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cuyo presidente y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha cifrado en 25.000 los investigadores contratados por obras y servicios a los que la reforma deja a partir del mes de abril en un limbo legal. Es el plazo transitorio que recoge el texto para abandonar este tipo de contrato. Fuentes universitarias confirmaron que la CRUE está elaborando informes jurídicos con los que intentar despejar las incógnitas y, sobre todo, las incertidumbres. También, que ya ha habido reuniones con el ministerio de Universidades. Por citar los datos de lo que ocurre en la Universidad de Sevilla, como ejemplo de una de las universidades españolas con una abultada plantilla de investigadores, esta realiza anualmente 500 convocatorias para la contratación de personal con fondos obtenidos en concurrencia competitiva tanto de ámbito internacional como nacional y autonómico. Fondos con los que contrata a personal investigador por un plazo que oscila entre el año y cuatro años de máximo. También en este caso, si el contrato de obra y servicio desaparece a partir de abril, “no se sabe qué va a pasar con los nuevos contratos y los concursos en evolución” –solo en los meses de noviembre, diciembre y enero se pusieron en marcha 280 convocatorias de selección–. El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez, apunta a que “va a haber una solución porque de no haberla, no habría investigación”, al tiempo que reconoce su sorpresa por el hecho de que “nadie haya pensado en la investigación” a la hora de redactar la reforma.

La USC busca solución a unas 200 plazas

El vicerrector deja claro que el contrato de obra y servicio “no es la fórmula” que quiere el sistema universitario español. “La solución para hacer carrera investigadora no pueden ser los proyectos, porque estos deben de ser transitorios, aseguró. “Deberían basarse en modalidades contractuales de la ley de la ciencia y oportunidades posteriores de estabilización”, abunda Martínez, que insiste en la necesidad de que la Universidad cuente con financiación y recursos suficientes para mantener la “joya” de la investigación, ya que, de lo contrario, “corremos el riesgo de perder talento”.

“Para nosotros es un problema añadido porque, de las 700 personas con contratos por obra y servicio actualmente en la USC, un volumen alto que estimamos en un 30% tienen una temporalidad de alta duración”, expresa el gerente de la USC, Xavier Ferreira. Es decir, unos 200 investigadores –la cifra exacta está aún por detallar– que desempeñan su labor actualmente con contratos de obra en las facultades compostelanas lo realizan desde antes de enero de 2016. Para ellos, Ferreira plantea una alternativa: “La solución que vemos actualmente para ellos y que le vamos a plantear al Ministerio de Hacienda es solicitar una tasa adicional de reposición para convocar una OPE extraordinaria y poder regularizar la situación de estas personas en forma de contratos indefinidos”, razona. “Su vínculo es claramente estructural y la función investigadora es, también, una función estructural de las universidades”, añade el gerente citando al Juzgado de lo Social. “Nuestro problema mayor es este, por plazos, pero esperamos que el Ministerio sea sensible y nos dé solución”. De todos modos, según el gestor económico de la institución académica compostelana, el problema real es la financiación universitaria: “La Xunta y el Estado nos mantienen una financiación de forma incomprensible de todos estos recursos a través de convocatorias temporales en las que nos fuerzan a las instituciones a contratar ex profeso a personal y a cometer fraude. No tenemos otra opción para estos investigadores y no nos dan otra solución. Pero vamos a pedirles una financiación estructural que acabe con la precariedad. Ya tenemos un acuerdo que firmamos de forma pionera en 2020”.

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