Docentes, monitores de tiempo libre, pediatras, enfermeros, entrenadores... Da igual trabajar en el sector público o hacerlo en una empresa privada: quienes quieran desarrollar una profesión que de forma “habitual” implique contacto con menores tienen que demostrar que carecen de antecedentes en ilícitos sexuales desde marzo de 2016. El trámite se solventa con un certificado cuya demanda, tras dispararse en los primeros meses en vigor de la normativa, también sufrió los efectos colaterales de la pandemia, reducido a poco más de 7.300 solicitudes desde Galicia.
No obstante, el año pasado año, coincidiendo con la reactivación de numerosos procesos de oposiciones paralizados tras los meses más restrictivos de la alerta sanitaria, volvió a resurgir con fuerza, a tenor de los números que maneja el Ministerio de Justicia: un total de 47.213 documentos se emitieron en la comunidad, a una media de 129 al día. El primer año del coronavirus apenas rozaron la veintena diaria. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo en la convocatoria para la OPE de Educación del pasado año, que en realidad era la de 2020 aplazada, se inscribieron alrededor de 26.000 personas.
En realidad, lo que cuenta el Ministerio de Justicia es cuántos certificados de delitos sexuales se emiten. La inmensa mayoría son negativos: permiten al interesado acreditar que, en efecto, no ha sido condenado en sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (agresión, abusos, acoso, exhibicionismo...) o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía. En todo el Estado, la cifra de documentos emitidos superó los 3,4 millones y de ellos únicamente un 0,02 por ciento –en 724 casos– se trató de certificados positivos, informan desde el departamento que dirige Pilar Llop.
La necesidad del documento es paralela a la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que incluye información relativa a la identidad y penas impuestas a condenados en sentencia firme. En marzo cumplirá seis años y lo hará con una cifra un 17% superior a cuando se creó. El listado de condenados inscritos cuando entró en vigor incluía a 40.782 residentes en España a los que les quedaba vetado el trabajar en contacto con menores mientras sus antecedentes no se cancelan y en la actualidad, a 31 de diciembre, superan ya los 48.000. Casi en una proporción similar han crecido los condenados por este tipo de delitos entre los residentes en la comunidad: desde los 1.981 a 2.275. Según Justicia, en casi un centenar de casos los antecedentes los tienen menores.
Los certificados se pueden solicitar por varias vías. El Gobierno indica que, de los 3,4 millones tramitados en todo el país en 2021, un millón hicieron el trámite en la sede electrónica del Ministerio, 177.500 eligieron la opción presencial, 65.700 a través de a carpeta ciudadana y 2,1 millones fueron gestionados a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. Este sistema es también el mayoritario en Galicia –con 40.383 documentos–.
La OPE de Educación ya tiene fecha: 18 de junio
Galicia sigue con la hoja de ruta trazada para convocar las oposiciones de enseñanza acumulando la oferta de 2022 a la pendiente de 2021. Ayer las 2.628 plazas anunciadas por la Consellería de Educación recibían luz verde del Consello de la Xunta, paso previo a su publicación en el Diario Oficial de Galicia para que la comunidad sea “la primera en cerrar y aclarar el sistema de oposiciones para 2022 y darle seguridad jurídica al proceso”.
De hecho, el Consello de la Xunta ponía ayer ya hasta fecha a cuándo arrancarán los exámenes para esos puestos: a partir del 18 de junio. Para estas plazas, recuerda la Administración, se seguirá el procedimiento “habitual”, como había avanzado ya la Consellería de Educación, antes de que se publique la normativa que implantará cambios transitorios en el acceso a la profesión para “favorecer” que los interinos logren una plaza y rebajar al 8% la temporalidad. No obstante, según la Xunta, ese es ya el caso de Galicia. De hecho, según explicó el presidente, Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno gallego tiene como objetivo “bajar hasta el 6,5 por ciento la tasa de interinidad después de la realización de esta convocatoria conjunta”. Tras la publicación de la norma se añadirá un concurso de méritos para unos 550 interinos.
