El exsecretario de la patronal Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Rafael Sánchez Sostre, se ha acogido a su derecho a no declarar sobre el presunto fraude de subvenciones a finales de la década de 1990, en la vista oral del juicio que arrancó ayer en la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Para el principal acusado del supuesto fraude millonario, la Fiscalía pide en su escrito de acusación cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Están acusadas otras 8 personas, que se enfrentan a posibles condenas de dos años de prisión y multas desde 50.000 a 500.000 euros.
Entre 1996 y 1999 la CEG estuvo presidida por el vigués Antonio Ramilo, fallecido en 2006, y registró un agujero de 6,3 millones de euros en sus cuentas. Según la Fiscalía, tanto Sánchez Sostre, que fue secretario hasta el 2000, como los otros ocho imputados, socios o representantes de empresas organizadoras de cursos de formación, se apropiaron de fondos públicos. El juicio ha sido suspendido varias veces, la última vez en 2019 por traspapelarse entre 6.000 y 9.000 folios de nueva documentación del sumario. Ahora, la defensa de los nueve acusados pide la prescripción de los delitos tras más de 20 años de dilaciones.
