La pobreza energética, para el Ministerio para la Transición Ecológica, se define como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede ser posiblemente agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía. Pues en esa situación se encuentran en Galicia al menos unos 146.000 hogares, el 13,86% del total, según el último informe del Gobierno central publicado esta semana, que mide cuatro indicadores, siguiendo el esquema de la UE, para realizar el diagnóstico de España correspondiente al año 2020, marcado por la pandemia y el confinamiento durante cien días con suspensión de toda actividad no esencial.
Lo que evalúa la Estrategia Nacional de Pobreza Energética para extraer sus conclusiones son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda durante el invierno, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo que impide un mínimo confort o un gasto en suministros energéticos que resulta desproporcionado por llevarse gran parte de los ingresos familiares.
Es en este último apartado es en el que peor parada sale Galicia, pues el ministerio calcula que casi el 14% de las familias realiza un esfuerzo excesivo en gasto energético en comparación con los ingresos que entran en casa. En todo caso, la situación de Galicia es mejor la que media nacional en tres puntos porcentuales, ya que hay once comunidades autónomas que presentan peores registros.
“El confinamiento decretado en marzo de 2020 y, como consecuencia de ello, la reducción en toda la actividad económica, ha afectado indiscutiblemente a este colectivo integrado por personas en situación de vulnerabilidad que sufren pobreza energética, al verse agravada su situación por la imposibilidad de buscar o mantener su trabajo. La disminución de las rentas disponibles ha provocado que las necesidades energéticas hayan sido cubiertas a costa de un mayor esfuerzo por parte de las familias afectadas, que han necesitado destinar una mayor proporción de sus ingresos a la cobertura de sus consumos energéticos”, expone en su informe la Vicepresidencia tercera del Gobierno y Ministerio para la Transición Ecológica.
El segundo indicador de pobreza energética que peor balance ofrece en la comunidad gallega es el que revela cuántos hogares han tenido que apretarse el cinturón y limitar las necesidades energéticas por debajo de lo que sería deseable para mantener un nivel mínimo de confort. Es lo que se llama también “pobreza energética escondida”, que se define como el porcentaje de familias cuyo gasto en electricidad y gas es inferior a la mitad de la mediana nacional.
En esta situación, el informe identificó que en 2020 se encontraba el 10,48% de los hogares gallegos (unas 111.000 familias).
Aunque como principal razón de este indicador se alude a la austeridad por la falta o reducción de ingresos a causa de la pandemia, el ministerio precisa que un menor gasto energético también podría deberse a pautas de comportamiento más eficientes o el disponer de un equipamiento de gama alta con elevados estándares de ahorro energético.
Otro elemento que sirve para medir la pobreza energética es la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno. Bajo estas circunstancias, el Gobierno central ha identificado que en Galicia viven 259.000 personas (el 9,6% de la población total) y que en el conjunto de España pasan por esta coyuntura 5,2 millones de habitantes.
Con respecto a 2019, la situación empeoró para casi 100.000 gallegos, pues ese año eran 162.000 las personas con necesidad de recortar gastos aún a costa de pasar frío. En las peores condiciones, según el Ministerio para la Transición Ecológica, estarían las autonomías de Baleares, Canarias Extremadura (con el 20%, 17,5% y 13,7%, respectivamente, de su población con dificultades para conservar un ambiente templado en sus viviendas).
El cuarto indicador que sirve para medir la pobreza energética lo marca la dificultad para pagar en plazo las facturas de la luz o el gas. En toda España estarían afectados unos 4,5 millones de personas (el 9,6% de la población), mientras que en Galicia la cifra quedaría en 135.000 (el 5% del padrón). “Esta evolución resulta coherente con el contexto de crisis derivado de la pandemia de la COVID-19, pues la paralización de la actividad económica ha tenido un impacto significativo en la pérdida de empleo, reduciendo el nivel de ingresos de los hogares y propiciando, en muchos casos, el retraso en el pago de las facturas de suministros de las viviendas”, se plasma en el informe.
En el conjunto de España, dos de los indicadores experimentan un retroceso en comparación con años anteriores (el porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno y el de los que tienen que retrasar el pago de facturas), mientras que la tasa de gasto desproporcionado registra un valor similar al anterior ejercicio y el de familiar con pobreza energética escondida mejora levemente.
