Hace una semana la Xunta publicaba la orden que regula los fondos para compensar al sector agroganadero de los daños producidos por jabalíes y lobos. La Consellería de Medio Ambiente defendió que “mantiene” los 650.000 euros para paliar las afectaciones del lobo teniendo en cuenta el escenario “incierto e inseguro jurídicamente provocado por la orden del Gobierno central que en septiembre elevó el estatus legal de protección” de este cánido al incluirlo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Con esos fondos se hace frente a daños como los que se producen una media de 134 veces al mes en el conjunto de las granjas gallegas.
Esa es la media mensual de avisos de ataques recibidos por la Consellería de Medio Ambiente el pasado año, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, y supone que paralelamente a la adquisición del lobo de su nuevo estatus legal, el de que no se puede cazar, con la oposición frontal, incluso judicial –por ahora sin demasiado éxito–, de autonomías loberas como Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León, las denuncias por las visitas no deseadas del animal trasladadas a la Xunta se incrementaron un 24% más en comparación con la media mensual del año anterior: 134 en 2021 frente a las 108 de entonces. En total, en solo nueve meses, la Administración gallega había recibido ya 1.204 notificaciones por agresiones de lobos a algún ejemplar de la cabaña ganadera, mientras que en todo 2020, e incluyendo 90 días más en el cómputo global, los avisos apenas se habían traducido en un centenar más (1.303).
De la misma manera, y casi de forma proporcional, las reses que son víctimas de los ataques han ido a más a lo largo del pasado ejercicio: durante el año de la pandemia, la media de animales dañados en ataques fue de unas 191 al mes, mientras que los datos acumulados de enero a septiembre de 2021 elevan esa media a 228, un 19 por ciento superior. En concreto, hasta finales de septiembre del pasado año, la Xunta da cuenta de 2.050 reses damnificadas, mientras que un año antes, hasta el 31 de diciembre, rozaban las 2.300.
A pesar de que en Pontevedra en números absolutos se registran las cifras más bajas –85 avisos de ataques de lobos que conllevaron un total de 190 animales perdidos en los primeros nueve meses del año–, si se considera el incremento en reses perjudicadas, sería la líder, con un 55 por ciento más. De hecho, en solo nueve meses la cifra de reses atacadas es ya superior a la de 2020, cuando todos los animales dañados sumaron 162. En cambio, en ataques, destacaría Ourense, con un 44 por ciento más de notificaciones. Si lo que se miran son totales, Lugo es la más tocada, con 584 avisos que comunican 922 bajas.
El animal que más denuncias protagoniza es la oveja: de las 2.050 reses dañadas, 944 pertenecían a la cabaña ovina. el 46 por ciento del total. Las siguen las vacas (604 contabilizadas) y completan la lista de daños del lobo publicada por la Xunta los caballos (311 casos) y las cabras (191).
El frente legal de las comunidades del norte, Galicia entre ellas, contra considerar al lobo especie silvestre de protección especial, al que también se apuntaron organizaciones ganaderas, se ha concretado, por ahora, en varias sentencias de la Audiencia Nacional rechazando la suspensión cautelar de la orden que pedían Galicia, Cantabria y Asturias. No obstante, sí lograron parar por ahora la nueva Estrategia Estatal para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación del Ministerio para la Transición Ecológica.
Del tema se ha ocupado incluso el Consello Económico e Social de Galicia, que advierte de que está en cuestión “la continuidad” de las explotaciones y sugiere crear un fondo público para abonar reparaciones por los daños y valorar la “alimentación disuasoria” del lobo con reses muertas.
