La recaudación del IBI se ha estancado en 2020 tras nueve años de escalada y un 2019 de ligera contención. Los ingresos de los concellos gallegos por este impuesto ascendieron a 532 millones de euros, solo un millón por debajo de los números de 2019, según las liquidaciones definitivas de los ayuntamientos publicadas por el Ministerio de Hacienda. Esta estabilización de la recaudación se produce, en todo caso, en la antesala de la entrada de vigor, este año, del nuevo cálculo de los valores de referencia de las viviendas y plazas de garaje impuesto por el Gobierno central que incrementará los tributos que se pagan por la adquisición de una vivienda de segunda mano. El alza oscilará, de media en toda España, entre un 10% y un 15% de la base imponible.
Tras los sucesivos “catastrazos” que llegaron a disparar la recaudación del IBI un 45% en una década, en 2018 los ingresos municipales por este impuesto llegaron a los 556,5 millones de euros, para luego en 2019 caer a 532,9 millones de euros, lo que supuso 23 millones menos que el año anterior, cuando se alcanzaron las cifras más altas de la historia.
La razón del freno a esta escalada fue el final del proceso extraordinario de regularización catastral entre 2013 y 2018 para detectar bienes ocultos. Durante ese periodo además de hacer “aparecer” 447.910 inmuebles que estaban sin declarar a Hacienda, se cobraron con efecto retroactivo a los propietarios los atrasos correspondientes a los cuatro años anteriores, lo que infló aún más los recibos.
Concluido ese proceso de revisión, la recaudación, aunque se mantiene en niveles altos, experimentó un ligero retroceso del 4% en 2019 y en 2020 los ingresos por este tributo apenas han variado, ya que la caída de la recaudación no ha superado el millón de euros, quedando en 532 millones exactos.
La mayor aportación por parte de los contribuyentes se produjo en la provincia de A Coruña. Sus concellos ingresaron prácticamente 229 millones de euros. Ya a cierta distancia, los ayuntamientos de Pontevedra contaron con 173 millones procedentes de la contribución urbana, mientras que los de Lugo se acercaron a los 67 millones y los de Ourense superaron por poco los 63.
El IBI rústico apenas aporta liquidez a los concellos gallegos, pues en su conjunto este tributo no genera más de 18 millones al año. El IBI especial, que se aplica sobre instalaciones eléctricas, autopistas o aeropuertos, reportó otros 32,8 millones.
Los contribuyentes gallegos han visto como el recibo del IBI urbano en la última década se encarecía cada vez más por varios motivos. En 2011 el Ministerio de Hacienda incrementó los tipos que se aplicaban a este impuesto y además hizo una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este tributo para adaptarlos al mercado inmobiliario. Y dos años después se emprendió el largo proceso de regularización catastral. Se rastreó Galicia, con fotos áreas e inspecciones sobre el terreno, en busca de inmuebles sin declarar, ya fueran nuevas construcciones, ampliaciones de las ya existentes o cambios de uso que supusieran incrementar su valor, como transformar un garaje o un bajo en un salón.
Esta inspección permitió poner al descubierto 447.910 bienes que estaban sin declarar a Hacienda y por los que sus dueños no estaban pagando nada o, si lo hacían, abonaban un precio por debajo del que les correspondía.
Para los concellos, esta revisión les reportó unos ingresos adicionales nada desdeñables, ya que para los dueños “cazados” supuso un incremento, de media, de 113 euros al año en el recibo de la contribución, a los que se sumó la liquidación de atrasos por no haber declarado esas edificaciones con anterioridad, consistente en unos 300 euros más de media. Y además el Catastro les cobró una tasa 60 euros para regularizar sus propiedades.
La regularización catastral tuvo un enorme impacto en la comunidad gallega, ya que fue la segunda donde afloraron más inmuebles sin declarar, solo por detrás de Andalucía. Y aunque las tasas y los atrasos se pagaron solo una vez, los nuevos inmuebles “descubiertos” cotizan cada año, de ahí que en 2020 la recaudación por el IBI urbano fuera la tercera más alta de la historia.
Ahora, la presión fiscal se trasladará a los impuestos vinculados a la compra de inmuebles usados. Este año entra en vigor un nuevo mapa del valor de referencia de las viviendas, introducido por la Ley de Prevención de Fraude Fiscal, que establece la base imponible por la que se calcula el pago del Impuesto sobre el Patrimonio, sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre el de Sucesiones y Donaciones. Sustituye al valor real como base de esos tributos e implicará un aumento del pago de los contribuyentes entre un 10% y un 15%.
