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El ahorro local crece 100 millones en el año del COVID por las restricciones al gasto

Concellos y diputaciones baten su récord de remanentes con 1.413 millones, a pesar de la crisis de la pandemia. El Gobierno solo relajó las normas fiscales al final del ejercicio

Oficina de recaudación del concello de Vigo. | // MARTA G. BREA

El primer año de pandemia de COVID-19 generó una paradoja en las cuentas municipales. Los ayuntamientos debieron afrontar caída de ingresos por el bajón de actividad económica, pero también un incremento del gasto, por ejemplo, para las medidas de seguridad contra los contagios. Aun así, las restricciones legales les impidieron emplear sus ahorros, que engordaron en 100 millones de euros el año pasado, pasando de 1.313 millones de euros a 1.413. Se trata de la cifra más alta de la historia.

La radiografía contable de las entidades locales realizada por el Ministerio de Hacienda revela el fenómeno denunciado por los alcaldes: necesitaban usar sus remanentes, pero la legislación se lo impedía. Su presión obligó al Ministerio de Hacienda a levantar las restricciones fiscales y suspender las reglas fiscales, tras el fracaso de su plan inicial de darles un préstamo a los municipios a cambio de gestionar ella los remanentes.

Ese acuerdo fue anunciado a finales de septiembre y aprobado en el Congreso a finales del mes siguiente, a pocas semanas de finalizar el año. “No hubo tiempo de poder gastar el remanente”, explican fuentes del ámbito municipal para explicar cómo creció el ahorro en un momento de necesidades crecientes de gasto. “El efecto de la medida debería verse en la liquidación de las cuentas de 2021, pero no en las de 2020”, añaden.

Esta situación deriva de las medidas aplicadas en la anterior crisis: la financiera causada por el hundimiento del bando de inversión estadounidense Lehman Brothers a finales de 2008. Cuatro años después, el Gobierno central del popular Mariano Rajoy lanzó una reforma legal para embridar el déficit público, con reforma exprés de la Constitución incluida, avalada por el PSOE, para garantizar el pago de la deuda. Eran momentos en que se especulaba con el rescate total de la economía española. El rescate final afectó “solo” al sistema financiero.

En 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estableció la obligación de amortizar deuda en caso de superávit, así como a actuar siempre “en un marco de estabilidad presupuestaria”. Dos años después, se relajaron esas medidas de contención de gasto (solo podía incrementarse en función de la previsión de crecimiento de la economía) y se permitió a ayuntamientos y diputaciones saneados destinar una parte de su ahorro a “inversiones financieramente sostenibles”, un catálogo muy limitado que después de amplió para permitir, por ejemplo, construir guarderías y no solo mejorar alcantarillado.

La entidad local que no cumplía estos requisitos, así como el plazo de pago a proveedores, era llamada a capítulo. Debía aplicar un plan de recortes para enderezar su rumbo so pena de retención de fondos e, incluso, de intervención de sus cuentas.

En esa situación todavía llegó la pandemia, con los concellos sumando ocho años consecutivos de superávit y la paradoja de que tener que afrontar una situación inédita de crisis socioeconómica con una mano atada a la espalda: su ahorro apenas podía tocarse.

El efecto de la reforma legal de 2012 engordó las cuentas bancarias de municipios y diputaciones, dejando en ellas recursos que no podían utilizarse. En 2012, el remanente de tesorería local en Galicia ascendía a 577 millones, pasando a 668 en 2013, 808 en 2014, 767 en 2015, 933 en 2016, 1.144 en 2017, 1.292 en 2018, 1.313 en 2019 y 1.413 el año pasado, según las liquidaciones presupuestarias enviadas al Ministerio de Hacienda.

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