Hace ocho años, el servidor central de la Xunta quedó inoperativo dos veces en tres días. Y durante el año pasado, la pandemia y el teletrabajo que conllevó el confinamiento, así como la mayor digitalización de la sociedad, incrementó las víctimas de ataques a través de internet, hasta el punto de que las empresas adjudicatarias de contratos públicos recibieron el pasado mes de febrero correos electrónicos solicitando el pago de una fianza para cerrar el proceso. Era un fraude. Ante esta realidad y la sensibilidad de los datos que manejan las administraciones, la Xunta impulsará un entrenamiento específico contra ciberataques a los empleados públicos de la comunidad.
Esta es una de las metas que constan en el Acuerdo Marco por 5,9 millones de euros y dos años de duración firmado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y la compañía Telefónica, suscrito ayer. Ambas pondrán en marcha una oficina técnica que asesorará a entidades locales y resto de administraciones.
Entre los servicios que comporta este acuerdo se incluye la monitorización de la red mediante “sondas de tráfico y firewalls de última generación, gestión y seguimiento de eventos de ciberseguridad, servicios de ciberinteligencia y consultoría de alta especialización en seguridad de la información y de los datos personales”, según expuso ayer mediante un comunicado la citada Telefónica.
En este terreno, la compañía colaborará para poner en marcha herramientas que “pidan el nivel de ciberseguridad de las entidades públicas gallegas” y así establecer una comparación con el resto de comunidades o sectores de actividad. Se determinarán de forma continua las “brechas de seguridad” existentes en los sistemas de cada una de ellas.
La formación al personal constituye un elemento fundamental de la iniciativa. Se prevé un adiestramiento de las plantillas públicas, es decir, “la realización de ciberejercicios de entrenamiento en ciberseguridad para el personal de las organizaciones con el objetivo de elevar su nivel de conocimiento en la materia y capacidad de reacción ante un incidente”.
A ello se añadirán campañas formativas y de concienciación, dirigidas a colectivos sociales, pequeñas y medianas empresas, funcionarios, colectivos educativos y ciudadanos en riesgo de exclusión social.
La Xunta concede cada vez más importancia a este elemento. Este año licitó por casi 550.000 euros un contrasto para “la mejora de la seguridad y de la capacidad de vigilancia, detección y resolución de los incidentes de seguridad” en sus sistemas de información tributario, económico-financiero y contable.
