Los partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallego y baleares firmantes de la denominada Declaración de la Llotja de Mar cargaron ayer contra la Constitución, a la que ven “agotada y deslegitimada” y que, a su juicio, “se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos”, al time
Estas formaciones (BNG, CUP, EH Bildu, Esquerra Republicana, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Junts, Esquerra Valenciana, Crida Nacional y Demòcrates) rubricaron junto a otros partidos, el 25 de octubre de 2019 en Barcelona, un documento para reivindicar un acuerdo político sobre la crisis catalana, la defensa del derecho a la autodeterminación y la liberación de los “presos políticos”.
Ahora, con motivo de la celebración hoy del Día de la Constitución, hicieron público otro escrito conjunto en el que ratifican su compromiso de “seguir luchando” para reclamar un modelo de Estado de “reconocimiento de la plurinacionalidad y de la autodeterminación de los pueblos”, que les permita “decidir democráticamente su modelo político”.
“Un año más, la Constitución española será objeto de exaltación y defensa fanática por parte de aquellos que se resisten a responder a las demandas nacionales de nuestros pueblos”, destaca la nueva declaración de Llotja de Mar.
Los firmantes recuerdan que han pasado 43 años de “un referéndum constitucional, condicionado por la transición impuesta por la estructura fáctica heredada del franquismo, con la Monarquía Borbónica al frente”.
Negación de la realidad plurinacional
A su juicio, esta Constitución “dejó encerrados los derechos” de sus pueblos “entre las líneas de su texto, negando la realidad plurinacional y los consiguientes derechos nacionales de estas naciones”. Además, apunta que la Carta Magna “ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas”.
En este sentido, apuntan que “hubo un tiempo en el que las constituciones tenían un objetivo fundamental, proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía”. “España también ha sido la excepción en esto. El famoso todo atado y bien atado, lo dice absolutamente todo. Nuestros derechos como naciones están atados de pies y manos”, añaden.
Estas formaciones nacionalistas resaltan que en este marco “surgió un modelo autonómico de descentralización”, que, en su opinión, “no solo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido, además, numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso de los Diputados (LOAPA, acción de leyes orgánicas...), y por la permanente intervención invasora de un Tribunal Constitucional convertido en instrumento de recentralización del Estado”.
También cree que se está “ante una Constitución con un evidente déficit de legitimidad”. “La mayoría de la población actual de nuestras naciones y del Estado español no ha tenido la oportunidad de opinar sobre cuestiones capitales de su contenidos, como son la Monarquía, el modelo territorial o los derechos sociales”, explican.
Carta Magna agotada
Por tanto, manifiestan que, “ante una Constitución agotada, deslegitimada y convertida en factor condicionante y determinante” de sus “aspiraciones democráticas”, piensan que “ya es hora de afrontar cambios estructurales”. “Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas”, dicen.
La Declaración recuerda que, a lo largo de estos más de 40 años, “el mundo ha conocido cambios profundos y es previsible” que en la próxima década asista a transformaciones “disruptivas”. “Estas van a mostrar aun más la necesidad de instrumentos y capacidad de decisión para hacer frente a los retos que, como naciones y como ciudadanía, se nos presentan”, añade.
Por todo ello, los firmantes del documento reafirman que “esta Constitución se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos”. “En nombre de esa Constitución se impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de nuestros pueblos y se criminaliza y reprime cualquier ejercicio democrático que persiga tal objetivo”, subraya.
En resumen, critica que la Constitución “se sitúa como impedimento estructural de un futuro en democracia para nuestras naciones, siendo indispensable su reforma radical, tanto en modelo de Estado como en derechos sociales”.
