El Ministerio de Hacienda envió ayer a las comunidades autónomas del régimen común su propuesta para calcular una de las variables esenciales –el de población ajustada– que determinará los recursos económicos que recibirán del nuevo modelo de financiación autonómica. No es el único de un complejo esquema de fondos con que cuenta el sistema, pero sí es el más representativo de las necesidades de gasto. El departamento de María Jesús Montero plantea dar más peso al gasto sanitario, al envejecimiento poblacional y a la educación para calcular el reparto, pero a cambio de reducir la ponderación del censo. Sin embargo, factores como la dispersión o la despoblación apenas variarán con respecto al modelo actual, ya que mantendrán prácticamente la misma dimensión, aunque Hacienda indica que introducirá elementos correctores.
El documento remitido, sobre población ajustada, es el primero de una serie de documentos que habrá que negociar para ir configurando el nuevo modelo. Las comunidades tienen este mes y el de enero para realizar las aportaciones necesarias al esquema que establecerá el reparto de fondos en función del número de habitantes, factores demográficos como envejecimiento o población en edad escolar, de la dispersión y de la despoblación.
El dar más peso al gasto sanitario y al porcentaje de población más envejecida iría en la línea de lo que defienden comunidades como Galicia y la España vaciada, a falta de conocer los números concretos y el comportamiento del resto de fondos que conforman la financiación autonómica.
Sanidad
En el nuevo sistema propuesto por el Gobierno, el peso del gasto sanitario (lo que se conoce como población protegida equivalente) aumentará su ponderación del 38% actual a entre el 40% y el 45% a la hora fijar la distribución de fondos. Pero además se cambia la estructura de esta variable. Ahora la población protegida equivalente se divide en siete tramos de edad y a cada uno se le asigna un coeficiente distinto que refleja el coste sanitario en función de los años de sus beneficiarios.
La propuesta fragmenta la población en 20 tramos de cinco en cinco años. “De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias”, sostiene el Ministerio de Hacienda. Esto encaja con una de las demandas de Galicia –la segunda comunidad más envejecida de España–, que defiende que cuanto mayores son las personas, más es la atención sanitaria que requieren, ya que a estos efectos no es lo mismo tener 70 que 90 años.
También se actualizan los coeficientes aplicados a los servicios hospitalarios y especializados, la Atención Primaria, la dispensación farmacéutica y el consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Educación
El gasto educativo también gana relevancia. Su peso actual es del 20,5% a la hora de calcular el reparto de fondos, pero Hacienda propone que se eleve hasta entre el 25% y el 30%. Esto es así porque el Gobierno aboga por introducir las etapas de FP y universitaria, cuando en el modelo vigente solo se tiene en cuenta la población de 0 a 16 años.
En esta pata de la financiación, Hacienda plantea a las comunidades tres alternativas. Pero la preferente es evaluar las necesidades de la población de 0 a 17 años según el padrón y la llegada de alumnos de otros territorios para incorporarse a FP, así como la variable de la población de entre 18 y 24 años más la entrada de estudiantes de otras comunidades para ir a la universidad.
Servicios sociales
El sistema de financiación actual evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años. Pero como estos recursos se incrementan en las edades más avanzadas, la propuesta remitida ayer incluye la necesidad de dividir ese grupo en dos: entre 65 y 79 años y los de 80 y más. “Esto permite una mejor adaptación a la realidad de este gasto”, sostiene Hacienda. Tanto Galicia como Asturias insisten siempre en esta diferenciación etaria.
Y otra novedad es la inclusión en este apartado de los parados sin prestación de desempleo. El peso del gasto en servicios sociales pasará del 8,5% a entre el 6% y el 10%.
Población
El ajuste se produce a costa de esta variable que determina el reparto de los demás servicios que prestan las comunidades. Se seguirá calculando a partir de la población total empadronada, un esquema que beneficia a Madrid, Cataluña o Andalucía, pero su peso baja del 30% a una horquilla de entre el 18% y el 22%.
Elementos correctores
El peso de las variables geográficas, que evalúan la superficie, la dispersión, la despoblación o la insularidad como elementos que inciden en las necesidades de gasto, se mantiene prácticamente igual. Del 3% actual se pasaría a entre un 3% y un 4%. Posiblemente, este apartado no satisfará a las ocho comunidades que el pasado día 23 de reunieron en la cumbre de Santiago, con la Xunta como anfitriona.
Reacciones
El Ejecutivo gallego no emitió ayer valoración alguna sobre la propuesta de Hacienda, la Junta de Andalucía la calificó como “huida hacia adelante” y a Cantabria, en principio, le “suena mal”.
