El Gobierno ha recabado en el Congreso el apoyo de sus socios para convalidar el decreto ley con la nueva formulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, pero no el de PP y Vox, que creen que debería haberse suprimido tras la última sentencia del Tribunal Constitucional.

Durante su defensa del decreto, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, presumió del “tiempo récord” entre la sentencia y la entrada en vigor de una norma que, dijo, integra también la jurisprudencia de dos sentencias anteriores sobre la no aplicación del impuesto cuando no hubiera incrementos de valor y de la imposibilidad de que la cuota fuera mayor a la propia plusvalía obtenida.

La nueva formulación de este tributo, que los ayuntamientos pueden aplicar a voluntad o desestimarlo, establece dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente podrá elegir para aplicarse la más beneficiosa.

Así, el contribuyente puede optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria, o decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.