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Faro de Vigo

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Medio centenar de concellos se queda fuera de las ayudas de la Xunta por no rendir cuentas

Un mes después de finalizar el plazo, los ayuntamientos deben enviar sus datos a Contas para volver a optar a fondos autonómicos

Reunión de la junta de portavoces del concello de Ourense este verano pasado. | // IÑAKI OSORIO

Casi medio centenar de ayuntamientos gallegos está vetado en la lista de subvenciones de la Xunta por no cumplir con la obligación de rendir sus balances ante el Consello de Contas. El plazo para esta obligación fijada en Galicia desde 2011 expiró el pasado 15 de octubre, tras la prórroga aplicada el año pasado equivalente a los 99 días de estado de alarma. En la relación de concellos se encuentran las ciudades de A Coruña y Ourense.

Hace una década, la Xunta impuso un requisito de transparencia para que los municipios pudiesen presentarse a subvenciones autonómicas para fomentar el empleo, prestar apoyo social o incluso cofinanciar obras públicas. Mediante un decreto, estableció que los aspirantes a esos fondos deberían haber rendido cuentas ante Contas en los plazos que fija la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para enviar esos balances económicos al Tribunal de Cuentas: el 15 de octubre es el plazo máximo.

A partir de esa fecha, un concello que no haya remitido la documentación al Consello de Contas no podrá participar en convocatorias de subvenciones que cada año suelen mover alrededor de 250 millones de euros de fondos autonómicos.

Los ayuntamientos suelen pasarse del plazo, aunque una vez que cumplan con ese trámite salen de la lista negra y pueden optar de nuevo a ayudas autonómicas. Los municipios más pequeños suelen ser los que antes rinden cuentas, algo que no pasa con los de tamaño medio, con problemas para adaptarse al calendario oficial. Con presupuestos crecientes, se encuentran ahogados por las limitaciones para incorporar nuevo personal, según explican fuentes municipales.

Provincias

En estos momentos, Contas no ha recibido los datos de 47 municipios. En el caso de la provincia de Pontevedra, se trata de A Illa de Arousa, Agolada, Cangas, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Lalín, Marín, O Rosal, Oia, Ribadumia, Rodeiro, Salvaterra de Miño y Vilaboa, según la relación que figura en sus registros. En el caso de A Coruña, son A Pobra de Caramiñal, Cariño, Cerceda, Frades, A Coruña, Mugardos, Muros, Oroso, Rois, Sada y Santa Comba.

En Lugo figuran en la relación marcada en rojo por Contas A Pontenova, Antas de Ulla, Castro de Rei, Navia de Suarna, O Corgo, Outeiro de Rei, Pantón, Paradela, Ribadeo, Ribas de Sil, Sarria, Triacastela y Vilalba. Finalmente, la relación se completa con la provincia de Ourense: A Pobra de Trives, Amoeiro, Cortegada, Melón, Nogueira de Ramuín, Os Blancos, Ourense, Sarreaus, Vilariño de Conso y Xunqueira de Ambía.

El año pasado, la pandemia agudizó los problemas de tramitación burocrática de esta cuestión. A mediados de diciembre, la cifra de incumplidores era de 200 concellos, aunque dispusieron de un plazo extra hasta el 22 de enero, es decir, un plus equivalente a la duración del estado de alarma, período durante el cual la administración prácticamente se paralizó por el confinamiento.

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