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La Xunta denuncia por prevaricación a un excargo de su agencia de desarrollo rural

Javier Blanco, exportavoz del PP en Lalín. BERNABÉ/LALÍN

La justicia investiga un presunto caso de corrupción en la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) por parte de un exsubdirector de este organismo autonómico. Ha sido la propia Xunta la que ha denunciado ante la Fiscalía “posibles irregularidades” en la tramitación de dos subvenciones al concello de A Pobra de Brollón, aunque también ha paralizado una tercera por el mismo motivo. Las tres ayudas suman casi 290.000 euros de fondos públicos.

La abogacía de la Xunta acudió ante la Fiscalía para denunciar unas irregularidades que la acusación pública considera presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial por parte de Javier Blanco Carballal, exsubdirector de Relaciones con los GDR de Agader y exportavoz del PP en el concello de Lalín. Fue director del Banco de Terras y ahora trabaja en una consultora privada.

El caso va a ser investigado, pues el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago ha incoado diligencias previas para determinar si existe motivo para abrir un proceso, según consta en un auto del pasado día 4 al que ha tenido acceso FARO.

La Xunta reconoce la situación ante la detección de “posibles irregularidades” en la tramitación de esas ayudas. “Estas incidencias se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, lo que dio lugar a la incoación de diligencias previas”, exponen fuentes de la Consellería de Medio Rural, de la que depende Agader. Esto motivó “la consiguiente paralización de los procedimientos de tramitación de los expedientes en tanto no se produzca el pronunciamiento” de la justicia.

Por su parte, Carballal asegura “estar en total desacuerdo” con la denuncia planteada por la Xunta, pero considera “precipitado” realizar declaraciones al respecto sobre unos “expedientes complejos”. Todavía revisa la documentación presentada en sede judicial y recuerda que no ha sido llamado a declarar ni se ha abierto proceso alguno contra él.

El inicio del procedimiento se remonta a 2016 y afecta a tres subvenciones, aunque solo dos han sido denunciadas y de estas solo una ha pasado el primer filtro judicial para abrir diligencias previas. Fuentes judiciales consideran lo más probable que al menos otra siga el mismo camino.

El caso sobre el que se han incoado diligencias nace en octubre de 2017. Entonces, Agader y el concello de Pobra de Brollón, de 1.600 habitantes y situado en la Ribeira Sacra, firmaron un acuerdo para que este recibiese una subvención máxima de 35.264 euros. El funcionamiento es simple: un ayuntamiento realiza unas obras y luego obtiene el dinero de la Xunta. Finalmente, justificó actuaciones en enero de 2018 por 34.525 para el proyecto arqueológico Castro de San Lourenzo.

El dinero no llegó al concello, que decidió presentando un recurso contencioso-administrativo en un juzgado de Santiago para reclamar unos fondos sin los cuales un municipio tan pequeño apenas puede actuar. Agader inició una revisión del convenio y detectó irregularidades que Medio Rural no ha querido detallar. Tampoco figuran en el auto judicial que certifica la incoación de diligencias.

Al denunciar el caso, Agader frenó el expediente y, por tanto, el pago de fondos. Lo mismo sucedió con otra ayuda, en ese caso un convenio para la mejora de caminos municipales de acceso a explotaciones agrarias.

El acuerdo se firmó en julio de 2016 por una ayuda de 54.883 euros, cuantía que luego se elevó a 70.870. Agader solo pagó al concello la primera cifra y quedan pendientes 15.986 euros. El procedimiento es similar: denuncia municipal y revisión de oficio de Agader. Aún no se han incoado diligencias.

Otro caso está en entredicho. Se trata del acuerdo entre Pobra de Brollón, Agader y la Axencia de Turismo de Galicia para construir un albergue en el Camino de Invierno. La cuantía ascendía a 182.137 euros divididos en dos pagos: 34.835 el año pasado y 147.301 este.

El municipio justificó la primera anualidad y solicitó en octubre de 2020 un anticipo de 145.709 euros para proseguir con las obras tras haber adquirido una casa para esa función, pero Agader frenó el proyecto. Ha detectado también irregularidades, pero aún no las ha denunciado a la Fiscalía.

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