La justicia gallega ha impuesto la primera sentencia que obliga a un ayuntamiento a devolver el impuesto de plusvalía, aplicando el criterio del Tribunal Constitucional, que tumbó la tasa a finales del mes pasado y obligó al Gobierno a reformularla para mantener la opción de los municipios de gravar las transacciones inmobiliarias.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra impone al concello de Sanxenxo la obligación de devolver 660 euros a un vecino por el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana debido a la transmisión de un inmueble realizada en mayo de 2013.

El juez recuerda que todas las liquidaciones de este impuesto, que tasa los beneficios adquiridos en la venta de inmuebles, que hayan sido recurridas en plazo y sean anteriores al 10 de noviembre de 2021 deben declararse nulas de pleno derecho.

La sentencia subraya que esa nulidad se produce “con independencia” de que entre las dos transmisiones del inmueble se haya producido un aumento o una disminución de su valor”.

Al igual que el Tribunal Constitucional, el titular de este juzgado pontevedrés destaca que el sistema de determinación de la base imponible del tributo, regulado en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, era, en su origen, “incorrecto e inconstitucional”.

Abel Caballero

A esta cuestión se refirió el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que celebró la “rapidez” con que el Gobierno aprobó el decreto ley que reformó el impuesto y lo adaptó a las condiciones marcadas por el Constitucional.

Además, aplaudió que se realizarse una adaptación de un gravamen que “no puede ser confiscatorio” y debe “respetar los derechos” del contribuyente, como solicitó desde que llegó a la Presidencia de la FEMP en 2015.

Caballero también se refirió a la reciente cumbre en Santiago de ocho comunidades, representantes de la España Vaciada y con la Xunta al frente, para urgir un nuevo sistema de financiación autonómica solidario y justo, que tenga en cuenta el coste real de los servicios públicos, midiendo la recarga que suponen envejecimiento o dispersión poblacional.

Aseguró asistir con “perplejidad” ese tipo de reuniones, pues las comunidades ya recibieron 45.000 millones de euros mientras no se aborda tampoco la financiación municipal, administraciones que asumen competencias “que no son suyas” por dejación de otros organismos públicos sin contar con dinero suficiente.

El Senado pide al Gobierno 1.500 millones para compensar a los municipios por este tributo

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó ayer una iniciativa de ERC que insta al Gobierno a crear un fondo extraordinario, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de 1.500 millones de euros para los ayuntamientos por la pérdida de ingresos del nuevo método de cálculo del impuesto de plusvalía. La creación de este fondo también había sido reclamado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) La petición al Gobierno es consecuencia de una moción que ha sido aprobada con solo cuatro votos a favor (ERC-EH Bildu, Izquierda Confederal y Nacionalistas), de los 28 emitidos, ya que ha habido 23 abstenciones (PSOE, PP y Democrático) y un solo voto en contra (Vox). En esta línea, la iniciativa solicita que se ponga en marcha este fondo extraordinario por la pérdida de ingresos, tanto por aquellas transmisiones efectuadas durante los 15 días en que no se ha podido exigir el impuesto, como sobre todas aquellas transmisiones anteriores que estaban pendientes de liquidar y no se podrán efectuar, y las que no habían adquirido carácter firme y habrá que devolver a los contribuyentes. Asimismo,la Cámara Alta pide también que se cree un fondo permanente de compensación en favor de los ayuntamientos por la reducción de ingresos que generará el nuevo método de determinación de la base imponible, “en cumplimiento del principio de suficiencia financiera”.