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Casi 1.400 gallegos pleitearon contra la Xunta desde 2019 por el derribo de sus inmuebles

Derribo de una vivienda levantada de manera ilegal FdV

En diez años la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo de 1.300 obras ilegales. Y el conflicto entre Xunta y propietarios termina, en ocasiones, en los tribunales. Desde 2019 hubo casi 1.400 litigios relacionados con este tipo de irregularidades. En la mayoría de los casos, un total de 843, son los particulares los que demandan a la Administración autonómica disconformes con los expedientes de reposición de la legalidad urbanística. Pero también la APLU toma la iniciativa para presentar recursos de apelación o para reclamar por vía judicial que se ejecuten sentencias que le resultaron favorables.

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Los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística peinan el territorio en busca de edificaciones ilegales: viviendas unifamiliares construidas en zona rústica o que incumplen la Ley de Costa, galpones convertidos en casas de fin de semana o hoteles que se saltaron la Lei do Solo.

Cuando se detecta alguna de estas irregularidades se abre un expediente de reposición de la legalidad. Es decir, el propietario tiene que derribar la edificación o retirarla del terreno. Hasta que no lo haga se le impondrán una serie de multas coercitivas. Al iniciarse el proceso de derribo de una obra ilegal, el dueño se enfrenta al pago de 1.000 euros. En el quinto aviso, se llega ya a los 10.000 euros. Con estas multas se busca la ejecución forzosa de la orden de demolición ordenada. Aunque se abonen las cuantías reclamadas, el galpón, vivienda o nave ilegal tendrá que ser reducido a escombros.

Vivienda sin licencia urbanística Iñaki Osorio

Por el contrario, si el propietario procede voluntariamente a reparar la ilegalidad urbanística, entonces la cuantía de la sanción a la que se enfrenta se reduce un 90 por ciento. En los últimos diez años se impusieron 5.000 multas coercitivas por un valor de 38 millones de euros.

La actuación de la APLU

1-Más de 1.300 obras ilegales derribadas

En diez años la APLU abrió 3.500 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, que suponen 1.323 obras ilegales derribadas o retiradas.

2-Multas coercitivas por 38 millones de euros

Entre 2011 y 2020 se impusieron 5.000 multas coercitivas por valor de 38 millones de euros. Con la pandemia las sanciones bajaron a 635.000.

3-Una cuantía de hasta 10.000 euros

Las multas coercitivas tienen por objetivo obligar al propietario de reponer la legalidad urbanística. Con el primer aviso son 1.000 euros. El quinto suma ya 10.000.

La APLU suele encontrarse resistencia en los propietarios a la hora de derribar estas edificaciones ilegales. En algunos casos, se trata de viviendas construidas en zona no urbanizable pero que cuentan con licencia municipal e incluso visado del Colegio de Arquitectos. De ahí, que la disputa entre particulares y Xunta termine en los juzgados.

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El caso más reciente es el de un grupo de afectados en Cangas, donde la APLU prevé derribar medio centenar de viviendas por incumplir la Ley de Costas. Entre ellos, hay viviendas con licencia municipal, pero otros en Liméns edificaron sin el permiso municipal, aunque alegan que desde entonces pagan el IBI. Ante la amenaza de demolición de sus casas, ya avanzaron que recurrirán a los tribunales

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En 2019 los litigios por órdenes de derribo ascendieron a 614, de los cuales los propietarios tomaron la iniciativa en 395 casos y el resto fueron demandas presentadas por la APLU.

En 2020 y, a pesar de la paralización que hubo en la justicia por la pandemia, se registraron otros 579 pleitos: 355 en los que la Xunta fue demandada por particulares y 224 en los que actuó de forma activa para interponer recursos de apelación o solicitar la ejecución de sentencias a su favor. Y en los tres primeros meses de este año se contabilizan otros 188 (un total de 93 iniciados por los propietarios y 95 por la Xunta).

Caseta eliminada en Sanxenxo por la APLU

Caseta eliminada en Sanxenxo por la APLU FdV

“Dado el elevado volumen de pleitos en los que toma parte la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, la Xunta ha decidido modificar la Relación de Puestos de Trabajo de este organismo para incorporar a un asesor jurídico.

Carga de trabajo

Hasta ahora solo contaba con una letrada asesora. Según explica la Xunta, en un principio esta abogada se limitaba a asumir funciones consultivas y de asesoramiento jurídico, puesto que de los litigios se encargaba la asesoría general de la Xunta. Sin embargo, a partir de 2013 se encomendó a los servicios jurídicos de la APLU los pleitos relacionados con la reposición de la legalidad urbanística.

“La actividad creciente de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística supone en igual medida un incremento de los litigios y del volumen de trabajo de la asesoría legal”, explica el Ejecutivo gallego.

Los litigios se dirimen en los juzgados contenciosos-administrativos, aunque las sentencias pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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La Xunta justifica la incorporación de un nuevo abogado a la APLU dado “el incremento de la carga de trabajo”. Y cita, por ejemplo, que es frecuente que los pleitos urbanísticos impliquen la solicitud de medidas cautelares que suponen la intervención del letrado. Además la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística también actúa como demandante para impugnar licencias urbanísticas de los concellos cuando son contrarias al ordenamiento jurídico. “Esta actividad requiere una gran dedicación tanto en la fundamentación jurídica como en la práctica de la prueba”, explican.

En 2021, según la Consellería de Medio Ambiente, solo se impugnó una licencia urbanística concedida por un ayuntamiento.ia urbanística concedida por un ayuntamiento.

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