Casi 140 concellos devolverán fondos al Estado por no aplicar un IBI más alto

Liquidadas de forma definitiva las cuentas de los ayuntamientos y las diputaciones gallegas del ejercicio 2019 –este proceso se hace siempre a los dos años–, el saldo global es positivo en algo más de 21 millones de euros: es el dinero adicional que recibirán las arcas locales del Ministerio de Hacienda porque la recaudación fiscal de ese año al final fue superior a las previsiones, que son sobre las que se calcula inicialmente la transferencia de fondos concellos y corporaciones provinciales en calidad de anticipo. Pero de estos fondos extra no se beneficiarán todas las entidades locales de Galicia, ya que se lo repartirán entre las cuatro diputaciones y 177 ayuntamientos, porque para otros 136 concellos –el 43% del mapa municipal– las liquidaciones han resultado negativas y Hacienda les reclama ahora la devolución de 3,64 millones de euros.

¿A qué se debe este “doble trato”? Fundamentalmente al llamado inverso de la capacidad tributaria, que es uno de los criterios para calcular lo que le corresponde de financiación anual a cada entidad local. El sistema entiende que si un ayuntamiento mejora su capacidad tributaria –es decir, la posibilidad de incrementar sus ingresos mediante el IBI urbano–, entonces necesita menos fondos del Estado. Y esto es lo que le ha pasado a 136 ayuntamientos, a los que se le reclama el reintegro al Estado de casi cuatro millones de euros por interpretar que ingresaron más dinero, o al menos pudieron hacerlo, a través del IBI.

Hacienda parte de la base que en estos ayuntamientos se ha producido una revalorización catastral –por aprobarse una revisión o incrementar el parque de viviendas tras una actualización del censo– y que ello conlleva mayores ingresos tributarios a través de un IBI más alto, aunque en la práctica, a lo mejor los concellos no trasladaron esta subida al recibo de la contribución para no castigar a los contribuyentes. Pero a Hacienda esto le da igual. Es como si les aplicara una penalización por no cobrar más por el IBI.

El problema es que, según la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a los concellos Hacienda les realizó el cálculo para abonarles los anticipos en 2019 sin tener en cuenta esta revalorización del catastro, pero sí la contempló a la hora de realizar la liquidación, dos años después, de manera que tendrán que devolver ahora casi cuatro millones de euros.

Estos 136 concellos con liquidaciones negativas pertenecen al sistema de régimen variable, en el que se integran los municipios con menos de 75.000 habitantes. Las ciudades salvo Ferrol y las cuatro diputaciones se rigen por otro modelo y entre todas recibirán 18,6 millones de fondos adicionales porque su liquidación ha sido positiva, como también lo ha sido, por importe de casi 6 millones para los 171 ayuntamientos restantes el régimen variable.

En un informe sobre la financiación del Estado, la Fegamp llama la atención sobre la reducida aportación de Hacienda a la financiación per cápita de las entidades locales gallegas. En 2019 fueron 234 euros por cabeza, mientras que la media estatal ascendió a 290.

“El diferencial negativo se sitúa en los 56 euros por vecino, debido fundamentalmente a la prima que perciben los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes [no hay ninguno en Galicia] y a los criterios de reparto utilizados en el régimen de variables, que también son perjudiciales para los municipios gallegos”, sostiene la Fegamp.

El órgano municipalista censura además las diferencias que existe entre la financiación autonómica y la local a la hora de corregir los desequilibrios territoriales. Mientras en el caso de las comunidades el sistema de financiación a través de la cesión de impuestos se complementa con fondos adicionales de convergencia y suficiencia para compensar en cierto modo las singularidades de cada territorio, para las entidades locales no hay nada de esto.

“Contrariamente, en el caso de la financiación de los ayuntamientos por parte del Estado no se tienen en cuenta estos factores diferenciales, lo que deriva en un sistema donde la mayor dotación en términos globales y per cápita se destinan a los municipios de mayor concentración de población y que hace que los ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes perciban un tercio de la participación a pesar de contar solo con el 18% de la población”, se queja la Fegamp.

Tres apuntes

1 Casi 4 millones de euros La cantidad que el Ministerio de Hacienda reclama a 136 concellos asciende a 3,7 millones de euros.

2 56 euros per cápita menos La Fegamp denuncia que Galicia recibe 56 euros menos por cabeza que la media estatal en financiación local.

3 Liquidación positiva En términos absolutos, la liquidación de 2019 para concellos y diputaciones fue positiva en Galicia.