El Sergas paga casi 7 millones al año a 30 empresas privadas en contratos opacos

La sanidad privada recibe casi siete millones de euros anuales de la Xunta a través de contratos opacos, que no regulan con detalle las prestaciones en cuestiones como traumatología, hemodiálisis, interrupciones de embarazos, ecografías, logopedia o rehabilitación. Las beneficiarias de esas prácticas son 29 empresas, un médico y seis asociaciones, de acuerdo con un reciente informe del Consello de Contas sobre una práctica que considera irregular. La propia Consellería de Sanidad reconoce la existencia de esta fórmula contractual, aunque alega que está adaptándola y que “será cada vez más testimonial”.

La Xunta relaja las exigencias a los centros sanitarios privados para concertar actividad

Los contratos con la sanidad privada son legales y el Sergas pagó a la sanidad privada 210 millones en 2019, último ejercicio fiscalizado por Contas. De ellos, 203 corresponden a conciertos, una vía que goza de mayor transparencia en cuanto a tarifas pactadas y condiciones del servicio. Otros 6,9 responden a un mecanismo para resolver cuestiones puntuales “de excepcionalidad”, como recoge la Lei de Saúde desde 2008. Se trata de las “autorizaciones de uso”, que permiten contratar servicios con la sanidad privada al margen de los conciertos para “atender necesidades asistenciales que no puedan ser satisfechas con recursos propios”, según expone Contas en su informe. El plazo máximo debe ser de seis meses improrrogable.

El Sergas, sin embargo, mantiene contratos por este mecanismo desde 1995, prorrogados constantemente en una práctica que censura Contas. “Se está produciendo un uso de esta figura [autorizaciones de uso] para amparar situaciones que no se corresponden con los requisitos exigidos en lo que se refiere a la urgencia y excepcionalidad”, detalla.

La mayoría de contratos no responden a necesidades excepcionales, sino “persistentes”, por lo que el organismo fiscalizador exige que se regulen mediante conciertos convencionales. Esos 35 beneficiarios se repartieron 298 autorizaciones de uso entre 2015 y 2019.

Las autorizaciones de uso “se están utilizando como una forma de adjudicación directa, sin tramitar el correspondiente expediente de contratación y sin que exista publicidad, ni pliegos, ni contrato que regule las prestaciones a llevar a cabo, ya que los expedientes de autorizaciones de uso únicamente contienen la propia resolución en la que figuran el plazo y los precios acordados y como anexos las condiciones administrativas de la prestación del servicio y una declaración responsable de incompatibilidad”, detalla Contas.

Sanidade reconoce que esta fórmula está pensada “para los supuestos en que exista un exceso de actividad sanitaria no previstos por los centros hospitalarios” y para cubrir el tiempo entre la finalización de un contrato y la adjudicación de otro, blindando la “continuidad” de un servicio.

¿Cuánto se paga por los conciertos con la sanidad privada?

El departamento de Julio García Comesaña alega que está adaptando los contratos a la nueva ley de contratos públicos, “por lo que las autorizaciones de uso serán cada vez más testimoniales”. “Ya se licitaron los acuerdos marco de prestaciones de asistencia sanitaria en las áreas de A Coruña y Lugo y está en proceso de licitación el de Vigo, así como otro tipo de licitaciones como transporte sanitario, terapias respiratorias, diálisis…”, finaliza.

Contas reclama mayor control sobre un sistema en el que detecta falta de transparencia sobre los criterios de facturación. En el caso de Polusa y Ollos Grandes –ambos en Lugo–, por ejemplo, detecta pagos de 156.000 y 145.000 euros mensuales “sin que consten expresamente los criterios utilizados para establecer tanto el referido sistema como los citados importes”. En el resto, carece de “vínculo contractual”.

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