Los ganaderos se unen al frente judicial para anular la prohibición de cazar lobos

El sector ganadero representado por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA presentó ayer un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que prohíbe cazar al lobo y pide su suspensión mientras se tramita esta apelación. De esa forma, se une al frente judicial abierto por las comunidades del noroeste, como Asturias o Galicia, que aglutinan la mayor parte de manadas y que reclaman poder realizar batidas para controlar el crecimiento y expansión de la especie, protegiendo así el ganado.

Con este recurso ante la Audiencia Nacional, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave “aún más” la situación de los ganaderos. Estos recuerdan un informe del propio Gobierno central en el que se reconoce que “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.

Con anterioridad a la inclusión del lobo en el listado Lespre, los ganaderos al norte del río Duero perdían una media de 9.812 animales al año, pero la incorporación del lobo en este régimen de protección especial supondrá “un incremento exponencial” de estas pérdidas.

En el recurso presentado se detallan los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, “siempre parciales e insuficientes”, para resarcir las pérdidas.

En Galicia, por ejemplo, las reses atacadas declaradas ascienden a unas 2.300 al año, aunque el “número real” de bajas “probablemente” se acerque a las 4.000.

El recurso de las organizaciones argumenta que “el lobo no está en situación vulnerable al norte del Duero” para reclamar una norma adaptada a cada zona.