Galicia y otras tres comunidades piden una financiación con “equidad”

Los consejeros de Hacienda de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana coincidieron ayer en Santiago en exigir más recursos para todas las comunidades en el nuevo sistema de financiación autonómica, que debe abordarse “con diálogo”. Aunque discreparon sobre los criterios a aplicar, coincidieron en demandar “equidad” ante una reforma que afrontará el Gobierno sobre un sistema que caducó en 2014. Todas rechazaron también una negociación bilateral Moncloa-Cataluña que luego sea aplicable al resto.

El marco en que plasmaron esas demandas fueron las jornadas Finanzas autonómicas: los asuntos pendientes, organizadas por la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (Rifde) y la Cátedra de Finanzas Autonómicas de la Universidade de Vigo.

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, abogó por una “negociación multilateral” en que “se valoren bien cuáles son los principales factores de coste de las competencias”. En ese sentido, Galicia reclama mayor peso de la dispersión y el envejecimiento, mientras Castilla y León exige un fondo COVID durante 2022, Valencia denunciar ser el territorio más infrafinanciado y Extremadura plantea la necesidad de consenso entre PSOE y PP.

Esta cuestión también se trató en el Parlamento gallego en el pleno que acabó ayer. Los tres grupos con representación –PPdeG, BNG y PSdeG– registraron ayer una solicitud para crear una comisión no permanente de estudio “para abordar una propuesta de país ante la reforma del sistema de financiación”, acordada el martes, según informa Efe.

El registro se produjo por el “procedimiento de urgencia” ante la celeridad impuesta por los “anuncios” realizados por el Gobierno de España a este respecto, y “porque el modelo de financiación autonómico es básico para la sostenibilidad del Estado de bienestar”.

PP, BNG y PSdeG remarcan la necesidad de un reparto justo en el modelo de financiación para “garantizar el ejercicio de autogobierno y el funcionamiento eficiente de los servicios públicos”.