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Las becas del Ministerio excluyen a más de 7.000 gallegos con necesidades educativas

De izq. a dcha.: Encarna Fdez., André López y Juan López De La Fuente una familia viguesa con TEA. Mónica Noya, con sus hijas Nerea y Noemí, en Vilagarcía de Arousa. Pablo Hernández / Iñaki Abella

El padre de Patricio, nombre ficticio de un alumno vigués de ocho años que cursa 3º de Primaria y tiene dislexia –sus problemas de lectoescritura se manifestaron desde el primer curso de Primaria, que se vio aconsejado a repetir–, acaban de recibir la denegación de una beca del Ministerio de Educación para necesidades educativas especiales que sí le concedían desde hace dos años. Asciende a 1.600 euros. Y, con ella, sus padres sufragaban el gabinete psicopedagógico en el que el pequeño se trata dos veces por semana. En los criterios de exclusión que refleja el documento, se penaliza que carece de discapacidad o de un diagnóstico de “trastorno grave” de conducta, de comunicación o de lenguaje, así como altas capacidades o trastorno del espectro autista.

La de este alumno vigués es solo una de las miles de becas que se prevé que lleguen rechazadas este año en Galicia, a cuentagotas desde este mes a diciembre, tras el endurecimiento de las condiciones que ya había anunciado el año pasado el Gobierno y que pusieron en pie de guerra a Asociaciones de afectados y de padres. “No son privilegios ni alternativas, sino una necesidad”, insisten.

“Es difícil tener un diagnóstico de dislexia en niños porque se precisa cierta lectoescritura”

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El número de alumnos con necesidades especiales integrado en Galicia ascendía el pasado curso a 16.012 en las aulas escolares ordinarias. La estadística de la Administración autonómica apuntaba que son 13.892 los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, entre los que se incluyen alumnos con dislexia –unos 8.023 son de Educación Infantil y Primaria y 5.869 de Secundaria, donde la Consellería de Educación ha implantado el ‘Protocolo para a intervención psicoeducativa da dislexia e/ou outras dificultades específicas da aprendizaxe’–.Y de ellos, los que sufren “trastornos graves de conducta o de personalidad” suponen casi 9.000. Es decir, unos 7.000 alumnos que no tienen una discapacidad reconocida y cuyos trastornos del aprendizaje no se consideran “graves”, quedarán ahora exentos de estas ayudas.

Yendo al caso particular de Patricio, tras sugerir en el propio centro escolar que era un probable caso de trastorno por déficit de atención o hiperactividad (TDAH), sus padres comenzaron un proceso de visitas médicas, pasando por un optometrista –que observó la lateralidad cruzada– y por un gabinete psicopedagógico, que costearon por su cuenta. La inversión en la terapia que recibe actualmente ronda los 200 euros mensuales. “Durante la pandemia, todos los procedimientos médicos que teníamos abiertos se paralizaron”, asegura el padre, Alfonso López. “En Psiquiatría infantil, vía telefónica y en con el COVID, se descartó la hiperactividad del niño”, añade. “Es difícil tener un diagnóstico de dislexia, porque para ello hay que tener cierta adquisición de lectoescritura, lo que para nuestro hijo no se dio hasta el curso pasado”, explica. “Entonces ya nos anunciaron desde el MEC que dejarían de dar la ayuda a quienes no tuvieran un diagnóstico grave; así que este año nos encontramos con un niño con muchos problemas a nivel de lectoescritura, al que dentro del sistema educativo gallego sí se le reconocen las necesidades educativas específicas de apoyo: tiene cuatro horas con una profesora de pedagogía terapéutica en el aula y otra fuera. Sin embargo, no tiene una beca por esas mismas necesidades educativas”, se plantea su padre como un contrasentido. “¿Qué pasaría si su familia no pudiera costearla?”.

“Al privarse a las familias de apoyos fuera del aula, se dirige a estos alumnos al fracaso escolar”

Paula Suárez - Pedagoga

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Paula Suárez

No se trata de un hecho aislado. Así lo confirma la directora de un gabinete pedagógico, Paula Suárez, que también trabaja con la Asociación de TDAH del Salnés. “Acabo de ver sobre mi mesa varios casos que no perciben becas de necesidades específicas de apoyo educativo, a pesar de tener varios trastornos asociados a una hipoacusia, por ejemplo. Solo le dan la ayuda de comedor”, asegura. Para Suárez, este año no se concederán un 80% de las becas que se soliciten. “Hay un déficit en ayudas de necesidades especiales; los peor parados han sido los trastornos del aprendizaje, como la dislexia y el TDAH”, valora. ¿Por qué? “No están asociadas a una discapacidad las disfunciones de atención y dificultades de aprendizaje: quizás hasta el 15%”, indica. Por ejemplo, los importes de la ayuda para reeducación pedagógica y reeducación del lenguaje ascendería a 915 euros. “Si se promueve que las familias intenten conseguir la discapacidad, eso no siempre favorecerá al niño”.

Asimismo, Paula Suárez cree que esta situación conducirá, a la larga, a abocar a los alumnos a un mayor fracaso escolar. “Veo a muchas familias sin muchos recursos, que acceden a refuerzos educativos gracias a estas becas. ¿De qué sirve que la LOMLOE esté llena de ‘inclusión’ por todas partes si luego se reduce de una forma tan significativa las ayudas?”, se pregunta. “No todas las familias están preparadas para atender en casa las necesidades que precisan y la falta de becas, limitará su desarrollo”, prevé.

Precisamente de esa Asociación, TDHA Salnés, salen varios testimonios con menores que tienen que recibir medicación pero que, al menos de momento, no reciben becas –o bien por los criterios económicos, también restrictivos, o porque el diagnóstico clínico no es del Sergas, sino de un centro privado–. La propia presidenta del colectivo, Eva Silva, reconoce que la carestía de la medicación que no está financiada y que asciende hasta a 40 euros mensuales: un exponente de la situación.

Mónica Noya, con sus hijas Nerea y Noemí, en Vilagarcía de Arousa. IÑAKI ABELLA

Las cuentas se complican también a veces para una de las familias afectadas en Vilagarcía de Arousa. La educadora infantil Mónica Noya es madre de dos hijas, Nerea que acaba de cumplir 13 años y Noemí, que tiene 9 y que han manifestado dificultades en la lectoescritura y el aprendizaje desde educación infantil. “La mayor era muy inteligente, pero muy tímida... yo notaba algo”, recuerda antes de saber que era TDAH. En el caso de la menor, actualmente apuntan a que tenga dislexia, pero ambos diagnósticos son de centros privados.

“Mientras no reciba la ayuda, priorizaré cada mes cuál de mis hijas necesita más la atención”

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“A Nerea ya que le diagnosticaron déficit de atención con un pequeño porcentaje de hiperactividad. Se ha cambiado y en su nuevo colegio le están ayudando mucho”, valora. Ninguna recibe beca, ni ayuda. Las consultas a las que lleva a ambas Mónica le hacen recorrer profesionales desde Sanxenxo a Caldas de Reis, y cuenta con el asesoramiento de la Asociación TDAH, de la que es vocal. “También van a clases de apoyo en la asociación y allí le han ayudado mucho y entre psicóloga, logopeda y clases puedo gastar al mes aproximadamente entre 300 euros y 450 euros entre las dos niñas”, reconoce. “Cuando tienen que ir las dos a la psicóloga o logopeda en el mismo mes entonces ya gasto más”. ¿Cómo lo hace? “Mientras no reciba la ayuda tengo que ir variando cuál necesita más, pero actualmente son nuestra prioridad”, asegura. La mejor evolución de ambas desde que acuden a terapia es un hecho. Y también la principal motivación.

La polémica trasciende de las aulas. El psicólogo y experto de un gabinete de Psicología de Vigo, José Cardama, valora “un error tremendo” la reducción de las ayudas. “Lo que buscaban estas becas era ayudar a familias con necesidades especiales de apoyo, precisamente por problemas de impulsividad y atención, pero no se necesitaba diagnóstico... Y ya el año pasado no se concedió a casi ningún TDAH”, lamenta. “El objetivo era evitar que esos alumnos sean niños de discapacidad y el contrasentido es que ahora las dan solo si se acredita una”, explica.

“Se fomenta la acreditación de una discapacidad: el objetivo contrario a estas ayudas”

José Cardama - Psicólogo

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José Cardama elena ocampo

Para Cardama, el coste que las familias pueden gastar en gabinete psicopedagógico ronda entre los 100 o 200 euros mensuales. “Se atiende a las necesidades particulares del niño y fuera de horario escolar”, destaca. El psicólogo alude al esfuerzo que realizan las familias y, en términos generales, coincide en que la pérdida de ayudas provocará un aumento del fracaso escolar. “Muchos niños van a quedar peor atendidos”, vaticina.

El profesional también enmarca lo que sucede este año dentro de un endurecimiento de las restricciones para acceder a las becas que se vive en la última época. ¿Cómo les afectará? Cardama lo tiene claro: “Habrá familias a las que no les den la ayuda, que ya no vendrán”. Eso sí, apunta a otra problemática: no existe una fiscalización de estas becas. Por ello, podría haber un bajo número de casos –calcula– en las que, al no existir necesidad de aportar facturas, éstas no se usan de forma adecuada o para los recursos idóneos.

Varios profesionales que tramitan estas ayudas coinciden, no obstante, en que la exigencia para concederlas “depende del inspector que valora cada solicitud”. Peor parte llevan las zonas que, como Vigo, soportan un elevado número de solicitudes.

“Se hará un vacío que antes cubrían estas becas al no existir atención pública a dislexia"

Antonio Domínguez - Orientador escolar

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Antonio Domínguez

El psicólogo educativo Antonio Domínguez, que trabaja en un gabinete de orientación escolar, explica que “en la LOMLOE cuando se definen los alumnos con necesidades específicas educativas, desaparece el TDAH”. “Se busca acabar con las etiquetas clínicas para centrarse en las necesidades educativas”, alega. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues, en la opinión de este profesional, “se está impulsando a todas las familias a las consultas de valoración de discapacidad; la necesaria acreditación de la discapacidad para obtener la beca impulsa a las familias a acudir a los EVO”.

Y así, Domínguez percibe dos hándicaps: primero, que habrá quien no pueda costearse un gabinete, pagar a un profesional o una asociación; y segundo, que “al no existir un servicio público que atienda dificultades de aprendizaje, como la dislexia, se hará un vacío que antes cubrían estas becas”. “Incluso para el TDAH, si no existe un trastorno grave, tampoco estarían becados”, explica Domínguez.” Por último, otro de los criterios que algunas familias consideran demasiado restrictivos es el umbral de la renta.

“Hemos invertido 600 euros al mes en terapias durante años”

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Encarna Fdez., André López y Juan López De La Fuente; una familia viguesa con TEA. P. HERNÁNDEZ

André López tiene 17 años, una memoria prodigiosa, está diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), canta en el coro juvenil de la coral Casa Blanca y quiere ser profesor de zumba. Es feliz. En el aprendizaje de los pasos de baile le ha ayudado su profesora y también ese particular cerebro que rápidamente memoriza números de teléfono, fechas de nacimiento, o coreografías. Pero para lograr que su cuerpo obedezca ante los complicados compases que dicta su mente, que dibuja escorzos en cada paso y gira… han sido preciso décadas de terapias de psicomotricidad.

Su familia ha llegado a pagar 600 euros al mes, preocupada por el desarrollo de esos músculos blanditos que ya observó una pediatra de la sanidad pública cuando solo tenía tres meses de vida y que le llevó a estimulación temprana. Esa neuropediatra fue solo el trampolín hacia unos cuidados que se extendieron hasta que por fin, a pesar de su hipotonía, logró caminar con 14 meses.

Los padres de André confían en mantener la beca por el diagnóstico de TEA pero alertan del ‘revés’ de la denegación en miles de hogares

“Estábamos convencidos de que a André le pasaba algo. Quizás necesitásemos poner nombre a lo que le ocurría. Cuando por fin obtuvimos el diagnóstico con 5 años, por una parte llegó el alivio… aunque sea una etiqueta”, indica su madre Encarna Fernández Freire.

Desde que llegó el diagnóstico de la administración sanitaria –no antes– André cuenta con la citada beca del Ministerio. En su caso, se traduce en 1.800 euros. “El apoyo de la familia en estos casos es fundamental para sobrellevar toda la carga emocional que supone un diagnóstico”, explica la madre. “Nosotros tenemos la ayuda, pero no todas las familias la tienen y es un varapalo a mayores”, asegura Encarna junto a su marido, Juan López De La Fuente, padre de André.

“Conozco casos en los que se ha tenido que priorizar la hipoteca, o la alimentación a una terapia”

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Ha sido un camino no exento de baches. Pero también un sendero que han recorrido acompañados de dos trabajos estables, cuyos salarios han permitido que la atención de André fuese una prioridad: nuevas terapias, centros en la provincia de Pontevedra… Ahora mismo, el joven estudia en un centro de educación especial, pero toda Primaria y parte de Secundaria, se escolarizó en la enseñanza pública convencional con profesores de apoyo. “Creemos que la inclusión es más difícil que sobre el papel, porque no se puede evaluar a un chico con diversidad funcional con los mismos objetivos que a un alumno neurotípico”, razona.

La carrera del movimiento para André tampoco ha estado exenta de esfuerzos. En lo físico, por su parte, en lo moral, por la tenacidad de sus padres y en lo económico… porque no han ahorrado en esfuerzos terapéuticos. Encarna reconoce que su situación, la de dos trabajadores asalariados –ella en una empresa de servicios en el hospital Álvaro Cunqueiro, él en una factoría auxiliar del automóvil–, no es siempre el más frecuente en las familias. “Conozco casos en los que se ha tenido que priorizar la hipoteca, o la alimentación a una terapia”, reflexiona la madre de André, que formó parte de la presidencia de AsTEAVi hasta hace unos meses.

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