Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Constitucional restringe las reclamaciones por el impuesto de plusvalía

El presidente de la Femp, Abel Caballero, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en un acto en Torremolinos. | // FDV

Las opciones que tienen los ciudadanos reclamar la devolución del impuesto de plusvalía municipal, tras su anulación por parte del Tribunal Constitucional, son muy escasas. El fallo ya es firme, no hay vuelta atrás, pero falta por conocer el alcance de la sentencia. Y el borrador de la misma restringe la capacidad de reacción de los contribuyentes, pues solo podrán reclamar aquellos que antes de dictarse el fallo –el pasado 26 de octubre– tuvieran ya abierto un recurso. Mientras tanto, los concellos que aplican este tributo, pues es potestativo, lo han dejado cautelarmente sin efecto a la espera de la nueva regulación que apruebe el Gobierno central para determinar cómo se recalcula el importe del impuesto que grava la revalorización del terreno en los casos de venta, donación o herencia de una vivienda.

Como se trata de un borrador, su redacción no es definitiva y puede sufrir cambios todavía. Se podía pensar que los ciudadanos que habían abonado el impuesto mediante autoliquidación podían reclamar su devolución de los últimos cuatro años por no haber prescrito el hecho fiscal. Pero la sentencia, aún preliminar, es muy restrictiva y apenas deja margen para que los contribuyentes puedan impugnar. Cierra la puerta a que puedan reclamarse las liquidaciones tanto definitivas como provisionales que no fueran recurridas antes del fallo judicial, así como a las autoliquidaciones para las que no se hubiera solicitado una rectificación.

Restricciones

“No pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha”, se recoge en el borrador de la sentencia.

Lo que hizo el Constitucional fue declarar nulo el método de cálculo de la base imponible del tributo, derogando de facto el impuesto y la posibilidad de cobrarlo tal y como está formulado ahora. Argumenta que es ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, “por lo que vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición”.

Este tributo es potestativo y los concellos pueden aplicarlo o no. En Galicia lo tienen implantado 115 concellos, con unos ingresos anuales de 47 millones de euros, mientras que en el conjunto de España son 3.500 los ayuntamientos que lo aplican por el que recaudan 2.500 millones de euros.

Nueva regulación

La idea del Gobierno es darle una nueva regulación, pues se trata de la tercera sentencia el Constitucional contra este tributo. Ya tiene preparado un borrador, pero esperará a darle la redacción final cuanto conozca el texto definitivo de la sentencia. Y mientras no llegue, los concellos gallegos han optado por dejar cautelarmente sin efecto el cobro del impuesto. Los trámites se siguen haciendo con normalidad –ventas, donaciones o herencias de inmuebles–, pero no se liquidan. Esto no quiere decir que no vayan a cobrar el tributo, sino que aguardarán a la nueva regulación para calcular el importe correcto del impuesto.

La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), de la que es presidente Abel Caballero, aprobó ayer una declaración en la que, además de pedir urgentemente una norma que aporte seguridad jurídica, reclama al Gobierno un fondo compensatorio por la cantidad no recaudada con este impuesto, que estiman en alrededor de 2.500 millones de euros anuales. La junta directiva de la Femp tomó esta decisión en un acto en Torremolinos (Málaga) para celebrar el 40º aniversario de la organización, al que acudió la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Compartir el artículo

stats