La anulación por parte del Tribunal Constitucional del impuesto de plusvalía que grava la venta de inmuebles amenaza las finanzas municipales de más de 3.500 consistorios, de los que 115 pertenecen a Galicia. Entre todos recaudan por ese concepto alrededor de 2.500 millones de euros (47 en la comunidad), por lo que perder esos recursos de repente constituye un problema para sus balances. La decisión del Alto Tribunal, “además de [generar] inseguridad jurídica, hace que las finanzas municipales sufran un muy fuerte deterioro”, advirtió ayer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, el socialista Abel Caballero.

El TC adelantó el martes el contenido de una sentencia que todavía se desconoce: anula por inconstitucional el método de cálculo del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al entender que conlleva un aumento automático del valor de la propiedad a la hora de calcular el tributo, que alcanza un 30% de media en los ayuntamientos que lo aplican.

“En la medida en que la sentencia anula todo el cálculo, ya no se puede establecer la cuantía del impuesto ni aplicarlo”, resumió ayer Caballero, que avanzó una reunión de urgencia de la cúpula de la FEMP para abordar esta cuestión y urgió al Ministerio de Hacienda y al Parlamento a impulsar cuanto antes un cambio legal que permita blindar ese tributo y ofrezca seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a las administraciones.

La pérdida de estos ingresos “vuelve muy urgente la reforma de la ley para tener seguridad jurídica y para no privar a la administración local de una fuente sustancial de ingresos”, añadió Caballero sobre un tributo voluntario que en Galicia permitió a 115 concellos ingresar en 2019 (último año liquidado de las cuentas locales) casi 48 millones de euros. Esa necesidad se agudiza, añadió, en la post-pandemia por los gastos impropios asumidos por la administración local para combatir el coronavirus.

La mayor parte de esa recaudación corresponde a las ciudades. Siete de cada diez euros correspondieron a Vigo (8,6 millones), A Coruña (7,8), Ourense (7,2), Santiago (3,1), Lugo (2,5), Pontevedra (1,8%) y Ferrol (1,1), según las estadísticas del Ministerio de Hacienda. Caballero cifró ayer en 10 millones el presupuesto este año por este concepto en el consistorio de Vigo.

También la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamó ayer rapidez para afrontar no solo la reforma de este tributo, sino toda la financiación municipal. “Insistimos en la necesidad, y ya lo dijimos en muchísimas ocasiones, de abordar esa reforma del sistema de financiación”, declaró su presidente, Alberto Varela. La Fegamp consideró un “palo” la anulación de este impuesto, que ya había quedado tocado desde 2017, cuando el Constitucional anuló su cobro en los casos en que el vendedor no obtuviese beneficios económicos.

El Gobierno reiteró su reacción tras conocer la decisión del TC y, como Caballero, pidió esperar a conocer el contenido íntegro del fallo “Estamos esperando el contenido de la sentencia y, como anunciamos ayer, estamos viendo la fórmula en la que abordar esta nueva reacción de ese impuesto para los ayuntamientos, que es una de las vías importantes de ingreso de las arcas municipales”, declaró la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Por su parte, el PP reclamó la creación de un fondo de compensación para recuperar las pérdidas en las cuentas de los ayuntamientos.

Según la información difundida por el TC, la decisión no es retroactiva, pero según las primeras interpretaciones de los expertos, estarán en posición de exigir la devolución del tributo aquellos contribuyentes que hayan promovido recursos que estén pendientes de resolución en vía administrativa o judicial. También podrán hacerlo quienes, habiendo pagado el impuesto recientemente, estén en plazo de recurrir.

El propio Caballero respondió a la prensa que la intervención municipal creía que podrían recurrir los que hubiesen pagado el impuesto en los últimos tres meses, pero añadió que el análisis del fallo permitiría cambiar creencias por certezas.