La edad media del profesorado que forma a los universitarios gallegos roza los 52 años, casi ocho más que en La Rioja porque la plantilla que ha soplado al menos 60 velas triplica a la de quienes no han cumplido todavía 35. Con la edad, llega también la jubilación. En proceso de jubilación, en el que el Ministerio de Universidades encuadra a quienes tienen entre 60 y 66 años, se encontrarían un total de 881 docentes, a los que habría que sumarles otros 260 que ya han soplado 67 velas o más.
En total, esos efectivos sumarían alrededor de 1.140, cifra relativa al curso 2019-2020, el último cuyos datos recoge el Gobierno central. Pero no solo de profesores vive la universidad. Además, a esas bajas en la plantilla de personal docente investigador (PDI) habría que sumarles las que se producirán en el colectivo de PAS (personal de administración y servicios), que agravarían la sangría de efectivos en 385 personas más.
En teoría, las universidades recibieron ayer buenas noticias. El Gobierno confirmó de cara a los presupuestos para 2022 su intención de permitir que la tasa de reposición suba al 120% en educación, incluyendo, en los campus, también el personal de administración y servicios. El porcentaje de bajas que se pueden cubrir en los campus sería la cifra más alta hasta ahora, aunque esta tasa se utiliza, recuerdan desde la Universidade de Santiago, no solo para promocionar el relevo generacional de docentes, sino también para “propiciar estabilización y promoción” entre el personal.
Para que esa tasa sea útil para rejuvenecer efectivos se necesita contar con candidatos previamente acreditados, advierte desde la Universidade de Vigo su vicerrector de Ordenación Académica e Profesorado, Manuel Ramos. Concede que en los PAS ese 120% es una noticia “positiva” para recuperar niveles previos a las restricciones por la crisis, pero en el colectivo de profesores, su “importancia” depende de la situación de cada universidad. “Para optar a una plaza permanente de profesorado es necesario disponer de la acreditación correspondiente”, explica, de manera que en el caso de universidades que no tengan pendiente crear plazas para el personal ya acreditado, el efecto de la medida será “limitado o nulo”.
A su juicio, “el principal problema es la falta de personal para ocupar las plazas a las que dará lugar el aumento de la tasa de reposición, que en muchas áreas en las que son necesarias quedarían desiertas en caso de convocarse”. Para rejuvenecer los cuadros de profesorado urge medidas a medio plazo y el tiempo, avisa, corre en contra porque “en los próximos diez años se jubilará más de la mitad del personal fijo actual”. Para ello insta a una nueva definición de las figuras que configuran la carrera docente para posibilitar la incorporación y posterior acreditación de personal que tome el relevo y la “adecuada financiación” para hacer ese relevo.
Que los puestos extra necesitan financiación lo señalan también el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, y Ernesto González, vicerrector de la universidad compostelana.
“Estamos de acuerdo con aumentar la tasa de reposición, pero es necesario que vaya acompañado de un plan de financiación que permita mantener el coste de la plantilla en el tiempo”, defiende Abalde, mientras que, desde la USC, González Seoane añade que la aspiración sería librarse del corsé: “Celebramos la propuesta de incremento de la tasa de reposición formulada. Lo ideal sería poder prescindir de esta tasa y trabajar con políticas de planificación adaptadas a las necesidades de las circunstancias particulares de cada institución”, políticas, matiza, que permitieran planificar a “medio y largo plazo” y de forma “óptima”. “Lógicamente”, añade González Seoane, suscribiendo a Abalde, “esta planificación y la propia tasa de reposición debería venir acompañada de un incremento de la financiación para alcanzar una política efectiva de renovación de los cuadros docentes”.
La USC concreta las jubilaciones que prevé entre 2022 y 2031 en 472 profesores. Solo entre este año y el que viene cuentan con tener 95 bajas entre docentes de carácter forzoso. Habría que añadirles, apuntan, las de carácter voluntario, que el COVID incentivó. Hay que tener en cuenta que este profesorado puede pedir el retiro voluntario entre los 65 y los 70 años.
