Un informe de la Comisión Galega da Competencia advierte de que las compensaciones a Audasa por las obras de ampliación de la autopista en los acceso a Vigo y Santiago de Compostela son "excesivas" y pueden se consideradas "ayudas de estado". Además, este órgano señala que "las sucesivas prórrogas de los plazos de la concesión de la autopista AP-9 en Galicia no puede ser bien valorada desde el punto de la competencia".
En ese mismo informe, el órgano de vigilancia señala, también, la "duración excesivamente larga de la concesión, que ha implicado una alteración de los factores económicos, sociales, de la movilidad y tecnológicos que se tuvieron en cuenta en el momento de su otorgamiento". Esto ha supuesto, añade, "modificaciones continuas" en las normas que la regulan y que lleva a que "existen diferencias sustanciales entre la que salió a concurso en el año 1973".
El documento lo ha desvelado la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, el cual ha sido remitido, junto con otro informe anterior del Consello Consultivo de Galicia, en una carta al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez Torrón. En la misiva, la conselleira del ramo, Ethel Vázquez, también reclama la urgencia de que se convoque una reunión de la Comisión de la AP-9 para abordar estos asuntos, junto con la declaración de ilegal de las prórrogas de la concesión.
"Cada vez es mayor la ingeniería creativa de los Estados para tratar de evitar la obligación de tener que comunicar una ayuda como ayuda estatal", advierte entre los 14 puntos de las conclusiones del informe, que señala que "con los datos facilitados, se podría considera como excesiva" la aprobación de las compensaciones y España tendría que haberlas comunicado a la Comisión Europea.
La conselleira de Infraestruturas avisa de que los "sucesivos incrementos" de las tarifas, junto con los que están previstos para el futuro y que pagarán los ciudadanos de forma directa o indirecta, "están generando una pérdida de competitividad muy considerable". "Aun con las bonificaciones implantadas y, sobre todo, por la insuficiencia de las mismas para los vehículos pesados, las tarifas de la AP-9 encarecen el coste de la movilidad para los ciudadanos y transportistas gallegos, al tiempo que causan el desvío a las carreteras convencionales de tráfico que podría circular por la AP-9, con la consiguiente reducción de la seguridad vial", apunta.
En la misiva, Ethel Vázquez avisa de que esta cuestión "sigue siendo motivo de enorme preocupación" en el Gobierno gallego, ya que se trata de la principal vía de comunicación, que vertebra el territorio en el que vive el 60 por ciento de la población de la comunidad.
Los decretos, "nulos de pleno derecho"
La conselleira también esgrime el informe del Consello Consultivo de 2020, en el que se pone de manifiesto que los reales de decretos de 2011 y 2018 --sobre las medidas compensatorias-- "son nulos de pleno derecho y, por lo tanto, todas las consecuencias derivadas de la aplicación".
A esta situación, se añade el informe de la Comisión Galega da Competencia, que señala que la empresa "percibiría una compensación muy superior a la aportada por la financiación de las obras, pudiendo constituir una ayuda de Estado".
Así las cosas, la Xunta reclama al Gobierno central "la revisión de los expedientes" que derivaron en las compensaciones otorgadas a la concesionaria a través de los incrementos extraordinarios de tarifas ya aplicados y previstos en el futuro.
Conclusiones del informe
En su informe, la Comisión Galega da Competencia recuerda que la contratación pública "debe ajustarse a los principios de libertad de acceso" a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
La explotación de una carretera de peaje --en cualquiera de sus modalidades-- y, por lo tanto, las concesiones de autopistas con contratos de concesión de obra pública destinados a la construcción y explotación "constituyen una actividad económica". Así, al constituir una actividad económica, las medidas que beneficien a las empresas explotadoras de esas infraestructuras "podrá ser considerada como genuinas ayudas de Estado".
A renglón seguido, apunta que las ayudas a esas empresas concesionarias son una de las manifestaciones de intervención pública en la actividad económica y, por lo tanto, "un factor externo en las propias fuerzas del mercado que puede comportar problemas desde el punto de vista de la competencia por su potencial efecto distorsionador".
"Las sucesivas prórrogas de los plazos de la concesión de la autopsia AP-9 en Galicia no pueden ser bien valoradas desde el punto de la competencia", apunta. En este sentido, añade que la concesión, una vez adjudicada, "implica un monopolio legal en favor del concesionario y el cierre del mercado al resto de operadores hasta el momento en que vuelva a salir a licitación, por lo que las sucesivas prórrogas impiden la concurrencia de esos operadores, desaparece el mercado y la competencia en perjuicio de la propia Administración y de los consumidores que no podrán verse beneficiarios de las ventajas de un mercado en competencia, con mejores servicios y mejores precios consecuencia del traslado de eficiencias a los usuarios finales".
No debería subir las tarifas en 10 años
La Comisión da Competencia también advierte que hay varios planes económicos financieros en la concesión de la AP-9, por lo que "plantea el problema de determinar en qué medida están vigentes algunas de las cláusulas contenidas" en el primero. Entre los ofrecimientos complementarios, se encuentran algunos de "especial relevancia como el de la renuncia total por la concesionaria a la revisión de las tarifas durante los diez últimos años del periodo concesional".
El pleno de la Comisión "estima que continúan vigentes esos ofrecimientos complementarios y, por lo tanto, deben de ser aplicados al concesionario".
Rechazar los planes económicos "excesivamente optimistas"
El informe también concluye que en la aprobación de los planes económicos financieros de las concesiones, como la de la AP-9, "deberían rechazarse los que sean excesivamente optimistas" porque, aunque ellos mismos implican "una mera simulación", tienen "graves consecuencias para el interés público".
Y en relación al sistema de compensación previsto en el real decreto de 2011, de 18 de noviembre, el cálculo del sistema de compensación "debería diseñarse exclusivamente con el objetivo de que la empresa concesionaria Audasa pudiese recuperar los costes de la inversión ejecutada como consecuencia de la ampliación de capacidad de esos tramos", de forma que evite que "pudiera suponer la ruptura del equilibrio económico financiero de la concesión". "Pero en ningún caso debe de servir para generar por vía de incremento de las tarifas autorizadas por el ministerio, un beneficio injustificado para la empresa concesionaria derivado del adelanto de la inversión", agrega.
La comisión también apunta que la concesión, que "otorga un privilegio monopolístico" al concesionario, debe de estar "presidida por el principio de interés público". También plantea dudas sobre los gastos a compensar, que "ya formaban parte" de la concesión existente, y advierte del sistema "ciertamente complejo", ya que no se realiza por medio de entrega directo, sino a través de un incremento "que deberán abonar los usuarios", el cual es aprobado por el Estado.
