Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Tribunal Económico apura su gestión y resuelve la mayor cifra de quejas tributarias

Cuando una empresa o un particular está en desacuerdo con lo que le toca pagar en concepto de impuestos o es objeto de una sanción, una de las vías que tienen para intentar rebajar la “factura fiscal” es acudir al Tribunal Económico y Administrativo, que es un órgano independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda, encargado de dirimir los conflictos tributarios entre contribuyentes y la Administración. Por lo general, el número de resoluciones va siempre por debajo de las reclamaciones formuladas, lo que lleva a que se vayan acumulando casos de ejercicios anteriores. Pero el pasado año cambiaron las tornas, ya que el tribunal intensificó su actividad en un intento de resolver las reclamaciones en plazo y emitir sus dictámenes antes de que prescriban las causas. Por esta razón, en 2020 se batió el récord de pronunciamientos, acercándose a los 16.400 en Galicia, un 18,7% más que el año anterior, y alcanzando el valor máximo de su historia.

Esta dinámica ha sido común a toda España. “La tendencia seguida en la resolución de reclamaciones ha sido de un importante incremento, en un intento de resolver en plazo todas las reclamaciones y alejarlas [las resoluciones] de la prescripción”, se destaca en la memoria general de estos tribunales. Así, frente a los 210.518 fallos anuales de promedio en el último lustro, en 2020 se llegaron a los 233.238 en el conjunto del Estado.

Por cada comunidad hay un Tribunal Económico Administrativo y hay otro central, a los que se puede acudir tanto por los impuestos gestionados directamente por el Gobierno central como por los cedidos a las comunidades autónomas. Por norma general tienen en principio un año de plazo para resolver las reclamaciones. Transcurrido este sin respuesta se entiende que quedan desestimadas y el contribuyente puede recurrir a la justicia ordinaria. Y si pasan cuatro años, entonces el hecho demandado por la Administración prescribe. De ahí que se intente contestar a las reclamaciones en plazo para no perjudicar al ciudadano o empresa y a la Administración.

¿Cómo ha sido posible este cambio de tendencia cuando lo normal era ir acumulando causas cada año, al ser muchas más las reclamaciones presentadas que las resoluciones? Por un lado, la implicación de todo el personal. Y por otro, “la progresiva implantación de soluciones tecnológicas que han permitido una mejor gestión del conocimiento y mejoras en la tramitación y gestión de las ponencias”.

El pasado año en el Tribunal Económico y Administrativo de Galicia se presentaron 12.706 reclamaciones (13.359 en 2019), pero se resolvieron 16.358, una cifra muy superior a la registrada en 2019 (13.770). Hasta el año 2018 siempre se formularon muchos más recursos que resoluciones dictaba el tribunal. En 2019 cambió la tendencia por primera vez y se contabilizaron 411 más fallos que reclamaciones. Y ya en 2020 se produjo el salto cualitativo definitivo, con 3.652 pronunciamientos más del tribunal que recursos recibidos en su sede.

De las casi 16.400 resoluciones emitidas, el tribunal dio la razón, total o parcialmente, a 9.246 reclamaciones, lo que implica que el 56% de estos contribuyentes gallegos lograron finalmente tener que pagar menos por los impuestos. Se trata además de un porcentaje muy superior a la media nacional, donde el conjunto de los tribunales estimaron total o parcialmente el 45% las reclamaciones: 105.553 de 233.238 pronunciamientos registrados.

¿Cuál es el tributo que más impugnaciones suscita de las quince modalidades de queja que existen? El de la renta. Se presentaron 5.590 reclamaciones y se resolvieron 5.419, de las que 2.665, casi la mitad, fueron a favor del contribuyente.

En segundo lugar figura el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, este gestionado por la Xunta. Motivó 1.361 recursos y se resolvieron 1.869 –debido a los casos acumulados de años anteriores–, de los que 1.528, el 81%, se solventaron a favor de los ciudadanos y las empresas.

Otro de los impuestos más recurridos, y también de gestión autonómica, es el de Sucesiones y Donaciones, que motivó la presentación de 1.056 reclamaciones. Se resolvieron 2.205 y en 1.931 se dio la razón, total o parcialmente, al contribuyente.

El IVA originó 1.237 impugnaciones y los tribunales se pronunciaron sobre 2.964 casos, respaldando la opinión del recurrente en el 56% de las causas.

Compartir el artículo

stats