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Rectores gallegos piden repensar la “ley Castells”

Rectores piden repensar la “ley Castells” | XOÁN ÁLVAREZ

El ministro Manuel Castells se comprometió con la comunidad universitaria –rectores, estudiantes y sindicatos– a hacer cambios en su proyecto de Ley de universidades (LOSU), que levantó ampollas recientemente entre la Conferencia de Rectores (CRUE) y a la vista de la falta de consenso en torno al gobierno de los campus públicos.

Su principal ‘patinazo’ fue, precisamente, la fórmula de elección de los rectores. Pues bien, esta semana el ministro dio marcha atrás en la propuesta y “elimina cualquier otra opción de elección del rector” que no sea “el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria”. Los sindicatos consideraban que la idea del comité para seleccionar al rector iba en contra de la democracia interna.

Rector de la UDC, Julio Abalde. Xoán Álvarez

Recientemente el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, mostró públicamente ante el Consello de Goberno como ejemplo de cuestión controvertida de la ley la referida a la elección de los rectores: “Yo no defendería en una universidad pública esa manera de elegir”, indicó para luego desear que el próximo anteproyecto que presente Castells sea “más razonable” y pueda mejorar algunas de las condiciones de trabajo, así como establecer una carrera que permita a las universidades españolas “ir captando el talento preciso en esta renovación que se acometerá en los próximos 10 años, en los que se va a jubilar una parte importante del personal”.

Sin embargo, tras el viraje del ministro en el anteproyecto, el rector de la UVigo declinó hacer declaraciones.

Por su parte, los rectores de las Universidades de Santiago y A Coruña expresaron los mayores escollos que perciben. Ambos coinciden en la necesidad de utilizar el diálogo y el debate “para enriquecer el texto” y en la necesidad de definir un modelo de universidad competitivo.

Antonio López, rector de la USC.

Antonio López, rector de la USC. Fdv

El rector de la USC, Antonio López, expresó que resulta conveniente actualizar el marco normativo que regula las universidades en el Estado para atender con mayores garantías los desafíos –presentes y en el futuro más inmediato– después de 20 años en vigor la anterior norma. “Como principios esenciales de la próxima LOSU, no cabe duda que ésta debe reafirmar su compromiso con la autonomía universitaria y con su suficiencia financiera, sin olvidar que somos conscientes del papel capital que las comunidades autónomas tienen en esta materia”, indicó López.

La LOSU debe reafirmar su compromiso con la autonomía universitaria y con su suficiencia financiera, conscientes del papel capital que las comunidades autónomas tienen en esta materia

Antonio López - Rector USC

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“Se debe asumir que la financiación en educación es una inversión, no un gasto, por su incidencia en la formación de profesionales pero también por su repercusión económica en cuanto a la transferencia generada a partir del conocimiento”, reflexionó. “Estamos dejando constancia de que la labor del laboratorio y del personal investigador tiene un rendimiento directo en la creación de puestos de trabajo o en la generación de valor industrial”, alegó el rector compostelano.

En esta línea, el debate sobre la futura Ley supone una oportunidad para considerar la investigación como una pieza estructural de la actividad universitaria que debería financiarse como tal, evitando su dependencia de subvenciones puntuales que no garantizan continuidad en el tiempo y, por tanto, inversiones previas”, denunció.

Mientras, el rector de la Universidade de A Coruña, Julio Abalde, solicita que el anteproyecto de Castells entre a definir las distintas categorías laborales de profesorado que se pueden establecer, para que exista una uniformidad en todo el sistema universitario español –como ya ocurre con los Grados y Másteres–.

"La ley tiene que entrar a definir las distintas categorías laborales del profesorado que se pueden establecer, para que exista una uniformidad"

Julio Abalde - Rector UDC

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“Buena estructura”

“En la Ley se dibuja una estructura de financiación bastante parecida a la que ahora tenemos en Galicia y que creo que es una buena estructura, pero en lo que respecta a las cifras, son responsabilidad exclusiva de las comunidades”, matiza Abalde en ese punto.

Asimismo, se prevé que cada universidad decida que tamaño tendrán los Consejos de Gobierno, que son el máximo órgano de gobierno de la universidad y que representan a toda la comunidad universitaria. Lo mismo ocurre con el número de integrantes del claustro, aunque parece existir unanimidad en el compromiso de mermar su número.

Según el último anuncio de Castells, los mandatos de cada rector serán de seis años, pero en el nuevo texto se especifica que estos serán “improrrogables y no renovables”, como pedía la CRUE. Es decir, el rector no podrá volver a presentarse al cabo de un tiempo.

Los negociadores debatirán con el Ministerio de Universidades hasta noviembre, fecha en la que la ley empezará a debatirse en el Congreso de los Diputados. Este giro beneficia sobre todo a los estudiantes y los sindicatos (representantes de los profesores).

Tras el festivo de esta semana, está previsto que Castells se cite de nuevo con los sindicatos para dialogar sobre el apartado de la LOSU dedicado al personal docente e investigador, otro de los puntos calientes de la propuesta.

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