Las comunidades gobernadas por el PP se han rebelado contra la nueva Ley de Vivienda del Gobierno pactada por PSOE y Unidas Podemos y que regula los precios de los alquileres imponiendo límites en el caso de las empresas con más de 10 inmuebles o incentivando su abaratamiento mediante rebajas fiscales cuando se trate de particulares. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, avanzó que llevará la norma al Tribunal Constitucional y en Galicia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió que no va a aceptar el “atropello” a las competencias autonómicas que supone esta ley.
La nueva norma pactada por PSOE y Unidas Podemos en el marco de un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos para 2022 impone límites a los alquileres en las áreas denominadas tensionadas, pero son las comunidades autónomas las que deben solicitar la declaración de estas zonas. Es decir, en Galicia debería ser la Xunta la que identificase qué barrios o municipios sufren tensiones en los precios de los arrendamientos. En estos lugares los propietarios que tengan más de 10 viviendas y sean personas jurídicas, es decir empresas, deberán ajustar los arrendamientos a un índice de referencia de precios. En el caso de los caseros particulares se incentivarán con descuentos fiscales las rebajas de los alquileres. Las deducciones de las que se beneficiarán en la declaración del IRPF serán del 90 por ciento si la vivienda está en un área tensionada hasta el 70 por ciento fuera de estas zonas.
Grandes tenedores
En Galicia hay 24.000 titulares con más de diez inmuebles urbanos, desde viviendas a garajes, locales comerciales o solares. Entre estos propietarios se incluyen empresas, particulares e incluso administraciones públicas. En cinco años estos grandes tenedores se incrementaron en un 20% en la comunidad gallega.
https://www.farodevigo.es/galicia/2020/04/06/gallegos-10-propiedades-duplican-diez-15254873.html
Los topes en el alquiler afectarán, sin embargo, a empresas con múltiples propiedades que tengan viviendas en alquiler en zonas tensionadas. Por ejemplo, en Galicia la Sareb suma unos 8.000 inmuebles y fondos de inversión como Blackstone tienen otras 3.500 viviendas.
Carta a la ministra
La Xunta lamentó que no se haya consultado esta ley con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. A través de una carta la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha reclamado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se les traslade el borrador de la nueva norma, que todavía desconocen, para “analizarlo y presentar las alegaciones oportunas”.
A expensas de conocer con detalle el contenido de la ley, Feijóo ya aventuró que “no se desprende nada bueno ni para inquilinos ni para propietarios”. “Los acuerdos que tenga el Gobierno para mantenerse en pie a nosotros no nos incumben”, advirtió.
Su posición concuerda con la del resto de comunidades gobernadas por el PP que amenazan con no aplicar la ley. Madrid anunció ya un recurso de inconstitucionalidad y los gobiernos de Andalucía, Castilla y León o Murcia han tildado la norma de “intervencionista”. Pero no han sido las únicas autonomías que han puesto pegas. La Generalitat de Cataluña tiene dudas sobre su legalidad y ha anunciado un recurso, pero además hay comunidades gobernadas por los socialistas que han expresado también sus quejas por no ser consultadas por el Gobierno para elaborar la ley como ha sido el caso de Aragón o Castilla-La Mancha, mientras que la Junta de Extremadura ya advirtió que en su región no existen zonas tensionadas de alquiler.
Ante este rechazo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, avisó a las comunidades que si no aplican la ley “perjudicarán” tanto a propietarios como a inquilinos, porque no podrán acogerse a los beneficios y bonificaciones fiscales.
En Galicia el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha instado al presidente de la Xunta a aclarar si está con el líder del PP, Pablo Casado, o con los jóvenes que necesitan ayudas para acceder a la vivienda.
La nueva Ley de Vivienda abre también la puerta a que los ayuntamientos puedan imponer un recargo en el IBI de hasta el 150% a las viviendas vacías. En Galicia hay más de 337.000. Sin embargo, esta medida solo afectará a los que tengan más de cuatro inmuebles y mantengan alguno desocupado sin causa justificada. Quedarán excluidas las segunda residencias.
