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Un juez podrá negar la custodia compartida de los hijos si un cónyuge maltrata a su mascota

Varios perros en la protectora de animales de A Madroa este verano. | // MARTA G. BREA

La nueva Ley de Protección Animal eliminará el listado de razas peligrosas y analizará el comportamiento de cada individuo

El bienestar animal elevará su consideración en la legislación española, hasta el punto de que los jueces podrán negar la custodia compartida de los hijos en caso de una separación o divorcio si uno de los cónyuges maltrata a los animales como forma de coacción o violencia vicaria. Esta es una de las novedades que incorporará al ordenamiento jurídico la Ley de Protección Animal que ha impulsado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y que complementará normativas autonómicas como la gallega, que hace cuatro años reforzó la protección de los animales. A la Xunta, sin embargo, le resta desarrollar la norma y su plan inicial era establecer este año los cuidados mínimos que deberían recibir las mascotas para evitar las multas por maltrato.

En este punto, el Ejecutivo autonómico criticó que el Gobierno central “se limite a hacer anuncios en lugar de hablar y consultas con las comunidades que tienen competencia en la materia”. Confían en poder acceder al contenido de la ley estatal cuanto antes.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, definió ayer esa ley, cuyo anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros el mes que viene, como la “clave de bóveda” contra la crueldad infligida a los animales. La norma establece un nuevo marco, como dejó clara la aprobación del dictamen sobre la misma del pasado martes en la Comisión de Justicia del Congreso.

Uno de los aspectos más llamativos de la norma parte de una enmienda del PNV aprobada en comisión, que es la que establece el maltrato animal como violencia vicaria mediante un cambio en las leyes de Enjuiciamiento Criminal e Hipotecas y el Código Civil. Establecerá que “no procederá la guarda conjunta” de los hijos cuando se aprecie “la existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas”, sean los hijos o el otro miembro de la pareja, según adelantó El Mundo. La violencia vicaria sobre los hijos también está reconocida desde este año en Galicia como una agresión machista.

La nueva norma sobre animales considerará a las mascotas como “seres que sienten”, por lo que velará por su cuidado, y establecerá que en caso de separaciones o divorcios mal avenidos un juez pueda dictaminar un régimen de visitas, custodia compartida y gastos a medidas en caso de tener algún animal en común.

El Gobierno también prevé prohibir la venta de animales en tiendas, obligando a registrarse como criador para poder participar en ese negocio.

Se fijarán condiciones determinadas para sacrificar animales, que serán heridas graves o enfermedades incurables. Por tanto, no podrá acabarse con la vida de animales sanos.

Se prohibirán las peleas de gallos y similares y se protegerán las colinas felinas y se crearán santuarios de animales. En el caso de los gatos, la Consellería de Medio Ambiente también se había propuesto detallar las condiciones de protección de las colonias de gatos, así como requisitos para el transporte de mascotas.

Perros, gatos y similares deberán contar con un DNI para mascotas obligatorio, con los datos de su propietario, documento ya fija la legislación gallega de 2017.

En un punto choca la ley gallega con los planes del Gobierno, pues estos establecen, por ejemplo, la eliminación de la categoría de raza peligrosa, como los doberman. En Galicia hay que registrar a estos canes y el miedo a las multas disparó las notificaciones a Medio Ambiente. Con la nueva ley, los perros serán valorados individualmente por su comportamiento, independientemente de su raza”. Además, solo podrán permanecer solos durante 24 horas y no tres días, como determina la legislación actual.

En caso de que el animal sea víctima mortal de un accidente o sufra un “menoscabo grave de su salud física o psíquica”, sus dueños tendrán derecho a una indemnización no solo para cubrir sus gastos médicos, sino para reparar su daño moral.

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